En las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid pudimos observar la importancia del voto migrante, una parte de la sociedad madrileña que significa ya el 15% de la población de la región. Si contamos las personas migrantes sin derecho a sufragio este número aumenta, y es que el proceso para adquirir la nacionalidad española es infinito y la derogación de la Ley de Extranjería, que regula esto, es algo que se lleva pidiendo muchísimos años desde diferentes colectivos y asociaciones migrantes.

Lo mínimo que pedimos es una modificación en condiciones de esta ley discriminatoria e injusta. Muchas personas promueven un discurso de odio contra nosotras porque creen que no queremos ser regularizadas y queremos trabajar bajo la economía sumergida y en precariedad, pero no es así. Nadie más que nosotras quiere ser regularizadas y poder pagar impuestos y ser ciudadanas de pleno derecho como cualquier español más, pero la ley nos lo impide.

Para conseguir el Permiso de Arraigo Social hay que esperar un mínimo de 3 años, es decir, 3 años sobreviviendo en la economía sumergida, invisibles y sin derechos. Si hablamos de la nacionalidad pasamos a una media 10 años para poder obtenerla; una década o más para conseguir la nacionalidad. Nosotras nos preguntamos por qué tanto tiempo para un trámite que si se agilizara beneficiaría a todos.

Una persona que trabaja y vive en un territorio democrático de manera permanente merece poder elegir a sus representantes. No sólo se trata de que el trámite sea larguísimo, sino también de que sólo algunos países tienen un convenio con España que les permite ejercer su derecho a voto en las elecciones locales. Esto es totalmente injusto y discriminatorio.

Exigimos una modificación, sino la derogación total, de la Ley de Extranjería, que no nos permite ejercer nuestra ciudadanía plena, vulnerando nuestro derecho a poder elegir a quienes nos gobiernan. Pedimos que se nos permita votar a las y los ciudadanos con tarjeta de residencia y no tener que esperar hasta obtener la nacionalidad española. Las personas migrantes también somos parte del país y exigimos derechos, protección y justicia social.