Soy Santiago Cambero Rivero, Doctor en Sociología y profesor asociado de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, quiero remitirme a los datos del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha presentado un Informe sobre Infancia y Juventud ante la pandemia de la COVID-19.  En el estudio se pone en evidencia que si la situación económica o socioeconómica de la población juvenil en España era mala antes de la pandemia, ahora sabemos que la situación de pobreza que puede afectar a varios sectores de la ciudadanía, tiene que ver con la dificultad del acceso al mercado laboral y para conseguir una vivienda digna. Estos son los temas principales de preocupación que afectan principalmente a este grupo de población más joven.   

Se han publicado los datos del segundo trimestre de la EPA y llama la atención que el 38% de los jóvenes en edad activa se encuentran en situación de desempleo de muy larga duración y aquellos que encuentran trabajando lo hacen en puestos de precariedad. Los jóvenes tienen una especial dificultad en el acceso al mercado laboral, pero cuando lo consiguen sufren las consecuencias de la precariedad y la eventualidad. Esto genera un círculo en el que la pobreza juvenil empieza cada día a ser más preocupante en España y los jóvenes no tiene el derecho de poder desarrollar un proyecto de vida en igualdad con el resto de la población. Esto pone en evidencia que si el futuro para este grupo era difícil antes de la pandemia, ahora es más complicado todavía.   

Prácticamente el 78% de la población consultada en el informe mencionado, va a vivir en peores condiciones de vida que sus progenitores. Es curioso observar el aumento que se ha producido en este porcentaje con el paso de los años, poniendo en evidencia que estos jóvenes van a vivir peor que sus padres y sus madres en general. Es un asunto que nos tiene que poner en alerta a la población y a la instituciones que deberían poner en funcionamiento planes para abordar estas necesidades.  

Toda esta situación rezuma un fenómeno que tiene que ver con el edadismo, la discriminación por la edad que puede ser sufrida en cualquier etapa de la vida. En este año y pico de pandemia hemos sido testigos de varias situaciones que tenían un sesgo edadista en cuanto a su ejecución. Este edadismo está unido a la precariedad, a la pobreza y también a la estigmatización e incluso a la criminalización. Se pone en evidencia como buena parte de la sociedad reconoce y valora el esfuerzo que están haciendo la población más joven, pero también hemos visto como en los medios de comunicación social en España parece que tengan un interés en señalar que los jóvenes tienen una responsabilidad individual que no se adapta a esta nueva normalidad.  

Quiero denunciar que las imágenes que vimos de jóvenes confinados como sucedió en Mallorca o lo que estamos viendo recientemente con esta ola de violencia entre los jóvenes de una manera gratuita o esa violencia homofóbica; como sociólogo quiero señalar que pone en evidencia ciertos fracasos del sistema social. Esto demuestra que no estamos escuchando activamente a la población juvenil.   

Los jóvenes forman parte del sistema pero parece que no interesa escucharlos, no se les tiene en cuenta para la toma de decisiones de las medidas relacionadas con la COVID-19 ni con las posibles políticas públicas que mejoren el Estado del Bienestar.  Cuando se habla del aumento de contagios entre adolescentes y jóvenes, creo que no es justo seguir hablando de grupos de edad y que deberíamos hablar de prácticas sociales que se pueden reproducir en personas de distintas edades.   

El focalizar y responsabilizar socialmente las conductas aparentemente irresponsables de los jóvenes está generando un posible conflicto intergeneracional que no deberíamos propiciar en una situación pandémica como la que vivimos. Todos somos vulnerables pero en el caso de los jóvenes, queda demostrado que lo son más que otros grupos y hay que hacer un llamamiento para que las medias puedan ser debatidas teniendo en cuenta a este grupo de población para que estén representados y representadas. Tienen derecho a expresar sus opiniones y hay que escucharles de forma activa para tratar de desmitificar esa idea estereotipada de que todos los jóvenes son irresponsables ante esta situación de crisis sanitaria.  

Con esos titulares mediáticos en los que hacen responsables a los jóvenes, solo representan a un parte del colectivo cuando también se tendría que hablar de los jóvenes que en este momento están en campamentos de verano como voluntarios, de los que están intentando conseguir un puesto de trabajo, que se están preparando unas oposiciones, los estudiantes y un largo etcétera.   

Hay que recordar que en la ciudad de Cáceres se creó una red de voluntariado que recibió la Medalla de Extremadura y que estaba formada por jóvenes que atendían a personas mayores para acompañarles y ayudarles. Hay que insistir en lo mucho y bueno que están haciendo nuestros jóvenes en todos los ámbitos para contrarrestar esa imagen estereotipada que nos enseñan en los medios. Muchos han sido responsables y han seguido las medidas sanitarias de manera escrupulosa para evitar contagiar a sus seres queridos. 

Esto nos puede llevar a una situación de tendencia social en la que se piense mal sobre la adolescencia y la juventud. Se puede crear odio, desprecio y un sentimiento de rechazo a la población joven sin causa alguna que lo justifique. Una visión estereotipada en la que se refleja a los jóvenes como personas que viven al margen de la realidad sociedad. El término ‘efebofobia’ no es mío pero lo he conocido recientemente y se refiere a este tipo de prejuicios que suponen un rechazo hacia los adolescentes y jóvenes a nivel social, académico, laboral y mediático. No somos conscientes de sus logros para que dejen de ser ninguneados.  

Por todo esto, quiero pedirle a los políticos del Congreso de los Diputados que se reúnan con los representantes de  este grupo de población, para escucharles de forma activa a la hora de tomar decisiones en medidas relacionadas con la COVID-19 y con las posibles políticas públicas que mejoren el Estado del Bienestar.