En efecto, mientras no se suprima el Senado español debería tener un máximo de 100 senadores, y ahora somos 265. Tal exceso está motivado por la aplicación estricta del criterio de ordinalidad territorial, sin tener en cuenta que es profundamente injusto que todas las provincias tengan una misma representación cuantitativa, 4 senadores, con independencia del número de electores.