Mi nombre es Sara, trabajaba como recepcionista en un tanatorio de una funeraria a nivel nacional. Decido explicar mi experiencia personal para luchar por los derechos de las mujeres trabajadoras y que nadie más pase por la misma situación. 

Mientras estaba de baja por Incapacidad Temporal, decidí interponer una papeleta de conciliación contra mi empresa por 3 razones principales. La primera de ellas es que no nos pagaban el plus de nocturnidad y no recibíamos el calendario laboral con los turnos y los horarios de todo el año como manda el convenio (nuestros turnos eran cambiados de un día para otro).

Además, a las recepcionistas nos obligaban a llevar falda y tacón, no sólo en mi centro, sino como política de empresa a nivel nacional, una política totalmente sexista y discriminatoria con las mujeres. En mi caso el tacón me perjudicaba aún más porque sufro de una hernia discal en la espalda. La empresa era conocedora de esto ya que tengo un informe de traumatología y comuniqué tanto a dirección como a la empresa que gestiona los servicios de prevención de riesgos laborales de mi centro de trabajo.

Días antes del acto de conciliación la empresa me ingresa la cantidad total por el plus de nocturnidad y, en el propio acto de conciliación, la empresa niega la obligatoriedad de llevar falda y tacones y además alega que desconocen todo el asunto de mis problemas de espalda. El acto de conciliación fue sin avenencia por lo que decido interponer una demanda de declarativa de derechos en los Juzgados de los Social, quedando marcada la fecha del juicio para el próximo año 2022. Tras pedir el alta voluntaria, me dan el pantalón (sólo uno y tras insistir mucho) y me comunican que no disponen de zapatos planos, por lo que si quiero usarlos tendré que comprarlos yo.

En los 25 días posteriores que duró mi estancia allí, aunque fueron muy duros, recogí firmas de los compañeros y compañeras para convocar elecciones sindicales. Mi objetivo era que se cumpliera el convenio e incluso que se hiciera uno nuevo, ya que somos una de las funerarias que menos cobra en España. También mejorar el pacto interno, pacto con claúsulas que se encontraban por debajo de lo que dicta el propio Estatuto de los Trabajadores, así como animar a todos mis compañeros que también estaban sufriendo abusos a que denunciasen también ellos.

A una semana de convocar la mesa electoral soy despedida por “falta de buena fe contractual”, dejándome así fuera del censo para no poder así ni presentarme ni ejercer mi derecho a voto. Paralelamente se habían encargado ya de buscar a alguien para que se presentara. Una semana después, y tras pedir su calendario laboral, es sancionado durante 8 días de empleo y sueldo un compañero mío, el motivo que da la empresa es haber mantenido una reunión conmigo sin estar autorizado. Hecho falso, el único motivo de la sanción era mandar un mensaje subliminal al resto de los compañeros, el que pidiera sus derechos y siguiera mi camino, ya sabía lo que le esperaba. 

El laudo sobre las elecciones sindicales está impugnado judicialmente y, mi juicio por despido nulo, está fechado para mayo del año que viene. Si el despido se declara nulo, volveré, por dignidad, amor propio y para dejarles claro que por mucho dinero y poder que tengan no van a poner en duda mi profesionalidad. Quiero que mi denuncia sirva para animar a los demás a que denuncien y para que empresas como estas se den cuenta de que no son intocables.

Para que este tipo de situaciones no se repitan y ninguna mujer tenga que volver a pasar por lo que yo he pasado es necesario que se realicen más inspecciones de trabajo para no esperar hasta un año hasta que se hagan efectivas. Considero que la figura de la inspección de trabajo es clave ya que aporta relevancia para la estabilidad y seguridad social, además de que las sanciones impuestas a las empresas culpables de vulnerar los derechos de sus trabajadores deben ser proporcionales a la cantidad que factura esa empresa; en nada le afecta una sanción ínfima de dinero a una empresa multimillonaria. Por otro lado, las instituciones deben hacer cumplir a las empresas la ley de igualdad para que acciones machistas como la obligatoriedad de llevar tacones y falda desaparezcan de una vez. 

¡Necesitamos una igualdad real!