Hola, soy Susana, vivo en Madrid y este año intenté ligar mis trompas pero un hospital público de la Comunidad de Madrid se negó a hacerlo. Inicio esta petición para pedir a las instituciones que se respete y se cumpla la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. 

Tengo casi 31 años y desde hace un tiempo tengo claro que no quiero tener hijos o hijas, no me quiero quedar embarazada. Entonces, tras pensarlo mucho, decidí ir a por ello y ligarme las trompas. En el hospital me atendió una ginecóloga que se sorprendió mucho pero me dijo que en principio no había problema. Sin embargo, llamó a su jefe y ahí escuché que cambió el tono y ya me dijo que al tener 30 años y no tener hijos, eso no se hacía. Yo insistí en que quería hacerlo y que conocía la ley, me hablaron de otros métodos, lo agradecí pero comenté que eso no era en lo que yo estaba interesada. Fue ahí cuando mi caso pasó al departamento de ginecología y obstetricia, pendiente del veredicto. 

Antes de la cita para el veredicto recibí una llamada y me dijeron que habían rechazado mi solicitud, sin darme ningún motivo. Pregunté si había objeción de conciencia para esta intervención y quien me llamó me dijo que en absoluto. Que a ella le daría igual hacérmelo a mí o a una mujer de 44 y con hijos, pero que ella era el estamento más bajo y no mandaba. Llamé a atención al paciente y empecé una peripecia para conseguir que me dieran esta respuesta por escrito y así poder reclamar. En una carta fechada el 16 de junio de 2022 y firmada por la directora gerente del hospital, éste me confirma su negativa. Ponía textualmente: “ante lo inusual de la petición, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas, tras analizar el caso en dicha sesión se consideró, con consenso de los facultativos, recomendar no realizar la intervención solicitada por la paciente de esterilización permanente e irreversible al considerar que no existe ninguna contraindicación para el uso de otros métodos anticonceptivos alternativos, y no irreversibles, ya informados a la paciente por la doctora Calvo, más adecuados para las condiciones clínicas que esta paciente presenta”. También me indicaban que la tasa de arrepentimiento en estos casos era alrededor del 20%. No me indicaron ningún protocolo formal que regulara la edad y situación personal y condiciones clínicas de las pacientes que pueden acceder a esta intervención, ni me indicaron cuáles eran las contraindicaciones en mi caso particular para este método y, lo que es más sorprendente, no me hicieron absolutamente ninguna prueba para comprobar mi estado de salud ni si era apta para esta intervención. 

La respuesta no me sentó bien ya que un grupo de sanitarios que ni siquiera me conocían se había reunido para decidir y cuestionar mi propia decisión. Finalmente, decidí acudir a otro centro a realizarme la intervención y estoy esperando a que me den cita. 

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Autonomía del Paciente consagran el derecho de elegir método anticonceptivo sin discriminación por edad o género. Tal como indica la segunda, las y los sanitarios pueden recomendar un método anticonceptivo u otro pero no negar el acceso. Están obligados a respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente y deben informarle y ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Pero en mi caso ante lo inusual de la solicitud, dada mi edad y la ausencia de gestaciones previas, el servicio entero decidió negarme ese derecho.

Es por ello que pido al Parlamento de la Comunidad de Madrid responsabilidad para con sus pacientes y que se cumplan las leyes vigentes que nos dan el derecho a tomar la decisión que queramos y a elegir el método anticonceptivo que cada cual elija.