Estimado Mario,

Unión Progreso y Democracia presento recientemente una iniciativa parlamentaria en forma de proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno adoptar las medidas necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados, bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosas para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor. Desde nuetro partido consideramos que la situación actual del cannabis beneficia a los narcotraficantes ilegales y al mundo de la delincuencia organizada montado en torno a ese tráfico.

Resulta paradójico que sea legal informar, anunciar e incluso fomentar un consumo, un tráfico y una actividad productora que siguen siendo ilegales en los supuestos previstos para infracciones graves por el art.23, i, de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección Ciudadana. Está demostrado que el prohibicionismo no consigue erradicar el consumo de estas sustancias y que, por el contrario, incentiva un tráfico ilegal floreciente, ligado a otras formas de delincuencia organizada.

Por otra parte, crecen las críticas al presunto derecho del Estado a prohibir el consumo de sustancias que, sin ser en absoluto inocuas, pues está clínicamente demostrado que el consumo de derivados del cannabis puede producir daños neurológicos, en general no resultan más perjudiciales para la salud que otras de consumo legal, como el alcohol y el tabaco. 

Como se ha dicho, la libertad de las personas que deciden consumir cannabis bajo su responsabilidad no debe quedar restringida por un Estado paternalista, autoritario e incoherente en tanto que sí permite, bajo ciertas condiciones legales restrictivas conocidas como “consumo responsable”.