Hola, mi nombre es Daniel y soy enfermero desde el año 2001. Trabajo desde 2004 en elInstituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Me incorporé a este servicio sanitario, de carácter estratégico y, por tanto, un eslabón muy sensible de nuestro sistema sanitario, con alegría de poder colaborar en un proyecto de tanta responsabilidad.

Como todo empleado público, a mí y a mis compañeros y compañeras, se nos quitó el 5%de nuestro sueldo, la paga extra de navidad, etc., como consecuencia de la crisis financierade2008. Nuestro convenio de aplicación es el del personal laboral de la CAC y, por sorpresa, ahora me dicen que es solo por analogía, que no soy empleado público, que no puedo estabilizar como tal porque no soy nada para el Gobierno de Canarias, ni siquiera me resulta de aplicación el EBEP (resolución Presidenta del ICHH de fecha).

Y, en todo caso, dice María Teresa Gütierrez Izquierdo, la Presidenta del ICHH (ustedes la han visto durante esta crisis nosotros tampoco-sólo en fotos y en las redes sociales del ICHH-) que, para estabilizar, deberá ser como empleados de una Entidad Pública Empresarial algo que no somos en la actualidad porque el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia es un Organismo Autónomo adscrito a la Consejería deSanidad del Gobierno y preside su Consejo de Administración, el Consejero de Sanidad, Blas Trujillo y el Director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que se sepa.

En Madrid, tenemos un buen ejemplo de lo que se hizo. Se llegó a un acuerdo con Cruz Roja y se le paga por bolsa de sangre obtenida (62 euros). Desde que comenzaron el programa, el gasto por este concepto se ha desbocado y las donaciones han disminuido, nunca se han alcanzado los objetivos pactados y, ahora el Tribunal Supremo estudia si esa privatización estuvo ajustada a la Ley. Así las cosas, allí.

No es la única vez que lo han intentado nuestros políticos. Este Gobierno lo incluyó en el borrador primero de la Ley de presupuestos de 2019, para la curiosidad de muchos iba en un anexo, casi al final, cuando todos ya estamos agotados de leer. Y, lo paramos, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, se comprometió con que no lo iba a privatizar, no estaba en su agenda, pero ya ven sí está en su agenda y el proceso de estabilización de la Ley 20/2021 lo ha puesto en primer plano. Y sí que debe estarlo porque privatizar a los trabajadores del ICHH es un paso, el primer paso.

Estos trabajadores y trabajadoras nunca habían levantado la voz, incluso conscientes de que somos el único Centro de Transfusión de España que tiene a su frente a una política (a la que no vemos, pero cobra más de 63.000 euros) y que viene por la cuota le suena señor Presidente. A nosotros sí.

Pero llegó el momento, no sólo de hablar sino de actuar, de hablar de la mala gestión de las autoridades sanitarias, de la indiferencia de la DGFP a los informes de áreas significativas del Gobierno de Canarias que dejan claro que somos un Organismo con presupuesto Limitativo.

Durante 10 años, hemos aguantado estoicamente, a la evidencia de que todos los presidentes del ICHH debían ser originarios de la isla de La Gomera, con la excepción de Begoña Reyero; personas de poca o ninguna cualificación, sin conocimiento, que se han sentado sin reparos, a destruir un Organismo Estratégico para los canarios. A destruir lo que funcionaba bien para generar una alarma social permanente en nuestros ciudadanos.

Desde el 29 de abril estamos en huelga, claro que sí, porque es un Derecho Constitucional, que nos permite advertir a la sociedad lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el futuro. También nos hemos dirigido al Parlamento, porque allí está la representación de un pueblo que no merece el trato que los políticos (esperamos que no todos) están dando a un servicio esencial de la sanidad canaria.

Esta situación afecta al 75% de la plantilla del ICHH que, en el caso del Centro de Santa Cruz de Tenerife, se amplía al 99%. Les diré como nos sentimos: engañados, estafados, utilizados como una moneda de cambio entre partidos políticos con acuerdos Infames que la sociedad debe conocer porque es su derecho.

Al Presidente del Gobierno, le preguntaron respecto a este conflicto el otro día, dos veces, y no contestó. Su silencio le hace cómplice. Hay una máxima entre los defensores de los servicios públicos “donde manda dinero no hay interés social”. Pero aquí es distinto, verdad.

No podemos concebir que esto esté pasando. No vemos esta institución regida por el derecho mercantil y el derecho privado, la vemos como un servicio público a la ciudadanía.

Como empleados públicos queremos concurrir a las ofertas de empleo como cualquier ciudadano y que se valore el tiempo y nuestra formación. Dentro de mi categoría profesional, la enfermería abarcamos muchos sectores y en esta formación este trabajo requiere profesionalidad y formación muy específica. Por eso nos gustaría preguntarle al Parlamento de Canarias: si ustedes quieren privatizar un servicio fundamental como es donar sangre ¿por qué las instituciones en Canarias no son transparentes con lo que suponeesto?

Tenemos una crisis de abastecimiento generalizada, una alarma social permanente porque la ecuación no falla, cuando hay voluntad privatizadora, primero se pone al frente a gente inepta, se deja que se deteriore la gestión y, por último, se le echa la culpa a los y las trabajadoras.

Firma para que por fin las Instituciones sean transparentes, que se diga lo que van a hacer, tanto para los pacientes como para los donantes.