Los trabajadores de Tubacex somos un ejemplo de que la lucha obrera funciona. Tras 235 días en huelga hemos conseguido con mucho esfuerzo poner fin al conflicto que manteníamos con la empresa. En plena pandemia la empresa ejecutó un ERE para 129 de los 650 trabajadores de esta empresa con varias plantas de producción en el País Vasco.

El decreto 9/2020 del Gobierno central estaba destinado a prohibir los despidos por causa relacionadas con la crisis del Covid-19. Una medida declarada en mitad de una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes que, en teoría, ofrecía protección a todos los trabajadores. 

Ante la decisión de la empresa de seguir adelante con el ERE a 129 compañeros, se decidió convocar una huelga indefinida que fue secundada por los 650 trabajadores de la empresa y ha durado 235 días. En paralelo los despidos fueron llevados a los tribunales y este mes de julio el TSJPV declaró nulos los 129 despidos, obligando a Tubacex a readmitir a todos los empleados que fueron despedidos en contra de la ley.

Tras negociar con la empresa la reincorporación de 96 de los trabajadores y la salida pactada del resto, esta semana hemos dado por finalizada la huelga indefinida. Es una batalla ganada pero la lucha por los derechos de los trabajadores no acaba aquí.

Queremos llevar nuestra voz al Congreso de los Diputados para que se legisle con claridad y sin opción a que cada tribunal de justicia interprete la legislación como quiera. La legislación sobre la prohibición de despedir por causas relacionadas con la pandemia debería especificar que "será declarado nulo cualquier despido" para evitar situaciones como las que hemos atravesado nosotros y otras empresas.

Si el decreto aprobado por el Gobierno en pleno confinamiento prohibía a las empresas realizar despidos por motivos de la pandemia hubiera sido más estricto y conciso no habría lugar a dudas e interpretaciones y no hubiéramos tenido que acudir a la huelga y a los tribunales a defender a nuestros compañeros despedidos injustamente, cómo se ha demostrado.

La legislación laboral debería actualizarse y defender a los trabajadores en caso de despido improcedente para que sea el empleado el que tenga el derecho a decidir si se reincorpora a la empresa o negocia una salida pactada y acepta la indemnización correspondiente por despido improcedente.

Que los despidos improcedentes o nulos queden a la interpretación de cada juez o tribunal puede provocar indefensión a los trabajadores. Por eso queremos que los diputados de los grupos políticos del Congreso respondan y contamos contigo para ser escuchados. Firma y comparte esta petición para lograrlo.