El pasado 24 de junio unas 2.000 personas inmigrantes de origen del Chad y Sudán trataron de acceder a Melilla saltando la valla de desde Nador, Marruecos. Se registraron 37 víctimas mortales. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en Nador sin realizar las autopsias esenciales correspondientes para conocer la causa de su muerte, no se identificaron los cuerpos ni se informó a sus familias. Por ello, hemos enviado una carta a las Naciones Unidas solicitando una investigación lo más independiente posible, para que no se depuren responsabilidades de esta manera. Asimismo, hubo más de 300 personas heridas y no sabemos ni su estado ni la funcionalidad física que tendrán cuando se recuperen, puesto que no se dan las condiciones adecuadas para colaborar en su recuperación. Todo ello, es el resultado del trato cruel e inhumano y la omisión de socorro por parte de Marruecos.

133 personas lograron llegar y se encuentran aisladas en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla. Además, muchas de las personas migrantes y refugiadas que pudieron llegar al territorio español fueron devueltas en caliente violentamente, práctica que además de ser inhumana, vulnera sus derechos.

Se han vulnerado muchos derechos humanos. Por un lado, existe una falta de espacios donde solicitar asilo (derecho fundamental según el marco internacional) lo cual genera que muchas personas solicitantes no puedan acceder a estas herramientas para entrar de forma legal, no tienen otra vía de acceso a Europa cuando huyen de la muerte. Por otro lado, desde hace tiempo para evitar este tipo de migraciones se llevan a cabo estrategias de externalización de las fronteras, es decir, la Unión Europea extiende sus fronteras hasta Marruecos a través de las fuerzas de seguridad, para así evitar las migraciones desde el sur. Se ha visto que esta estrategia no funciona, es fallida y la gran cantidad de dinero que se aporta desde nuestros impuestos se invierte en una política de muerte. Además, hay que resaltar que incluir Ceuta y Melilla bajo protección de la OTAN, contribuirá a la militarización, securitización y externalización, aún más, de la frontera sur.  

El discurso racista instaurado en la sociedad, los medios y las instituciones legitiman que la muerte en la frontera es algo que pueda ocurrir. La ley permite que suceda, porque no hay una estructura que considere iguales a todas las personas que viven en España. Seguimos recalcando que a las personas negras no se les considera personas de derecho, puesto que no se trata igual a los/las refugiados/as blancos/as o negros/as. Muchas personas que saltaron la valla estaban pidiendo refugio, escapando de guerras, de dificultades, de la pobreza, en la que, por cierto, el gobierno español y Europa contribuyen.

El racismo estructural está presente en la sociedad, en las leyes, cuerpos del estado, porque sabemos que esto no pasaría con personas blancas. No hay más que ver que las únicas palabras al respecto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hayan sido para felicitar la labor de las fuerzas policiales de Marruecos y España. Tiene que haber responsables, son cuestiones que apelan al derecho europeo y se tienen que implicar tanto el Congreso de los Diputados como el Europarlamento para depurar responsabilidades.

Todo esto es resultado de las políticas migratorias, materializadas en la brutalidad policial y la militarización fronteriza. No se pueden recuperar las vidas perdidas, pero sí se pueden evitar nuevas muertes. Exigimos que se abra una investigación a todos los niveles, que se escuche a las personas que han entrado o que se han devuelto, que intervengan los distintos instrumentos para evitar de la mayor manera una injerencia de las autoridades de España.

Necesitamos el fin inmediato de estos corredores de la muerte en las fronteras. 
Necesitamos el diálogo y los recursos abiertos del Gobierno español con personas migrantes en la Frontera Sur.