Por supuesto que sí. Y no sólo eso: es que hemos ido más allá y queremos seguir haciéndolo. De hecho, la famosa intervención de Ada Colau en el Congreso fue gracias a la invitación de nuestro grupo parlamentario. No sólo predicamos, hemos dado trigo. En Andalucía, gobernando las competencias de vivienda, aprobamos una legislación de función social de la vivienda, exprimiendo el artículo 33 de la Constitución, que permitió en sólo tres meses expropiar 39 viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, además de miles de desahucios evitados gracias al trabajo de intermediación. Familias reales, con nombres y apellidos, que con la ley en la mano le dijeron a la banca: “Usted no pasa de la puerta de mi casa”. Hemos sido la única fuerza política que ha parado desahucios con la ley en la mano. Y por supuesto haremos lo mismo a nivel estatal.

En nuestro Plan de Emergencia Social incluimos la creación de un amplio Parque Público de Vivienda, con una cuota de alquiler que no superará en ningún caso el 25% de los ingresos de la unidad familiar solicitante; y unas tarifas por tramos sociales para la energía y el agua, logrando que ninguna familia quede privada de estos derechos fundamentales. Y tenemos el coste cuantificado e identificadas las fuentes de financiación necesarias.