Somos la Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL). La Junta está infravalorando a este colectivo de empleados públicos, cuando realmente somos los que más conocemos el mundo rural, sus habitantes, sus actividades, su problemática y conflictos de intereses entre las actividades y la conservación, además de tener formación técnica sobre cómo se comporta el fuego, cómo avanza, quién lo ha podido provocar, etc. Más del 90% de los incendios que se producen se podrían evitar si desde un primer momento hubiese una buena gestión de los recursos destinados a la prevención, detección y extinción de incendios.

No actuar en prevención genera un gasto de restauración en torno a los 1.100 €/ ha.  Lo primero que hay que hacer para prevenir incendios es analizar históricamente cómo se han producido en ese lugar los incendios, y con qué tipo de motivaciones o actividades pueden estar relacionados. Los más grandes, que superan las 500 hectáreas, se empiezan a producir coincidiendo con las grandes sequías y olas de calor, debido al aumento de las velocidades de propagación. Pero también se conocen otro tipo de fuegos producidos por los propios ganaderos para gestionar los pastos en invierno. Es evidente que hay que reorganizar la puesta en marcha del operativo y adaptarlo a las nuevas condiciones climatológicas, pero también es muy necesaria una labor de intercambio de información, acuerdos y consenso entre los habitantes del mundo rural y la propia administración pública, aumentar la inversión en prevención que fije población rural y reajustar los tiempos de los servicios de extinción por lo que es necesario adelantar el comienzo de las campañas a la nueva realidad de la época de riesgo.

Con respecto a la detección de incendios, se ha decidido apostar por un sistema de cámaras de vigilancia dejando más de lado las torres de vigilancia. En la actualidad hay 19 cámaras en Soria, 9 en León y 11 en Zamora, suponiendo un coste medio anual de 4 millones de euros. Además, según los datos que la propia administración ha publicado, tienen una eficacia de entre un 30 y un 60% debido que produce falsas alarmas. La ratio de coste de los puestos atendidos por vigilantes es de 14.000 €/torre. La ratio del coste de las cámaras de 103.000 € /cámara. En definitiva, los resultados de eficacia son superiores en favor de los puestos y torres de vigilancia atendidas por personal, que vive en las zonas rurales y que, actualmente, no trabaja más de 3 meses al año. Necesitamos que haya una mayor inversión en prevención con un tejido de personas que se dediquen a la prevención de incendios todo el año, incluido en invierno.

A día de hoy, el operativo de extinción consta de una parte pública y de una privada. Por un lado, están los camiones autobombas con conductores y mangueristas, todos ellos bomberos forestales, que son contratados por la Junta. Normalmente suelen ser contratos de 4 meses y en el mejor de los casos, uno puede llegar a los 6 o los 9 meses. Por eso necesitamos que estos periodos se incrementen. Por otro lado, están los bomberos forestales de retenes que son los que pertenecen a los contratos de la administración con la parte privada. Creemos que es necesario un análisis de las carencias y la puesta en marcha de una mejora de la formación, teórica y práctica para todo el personal que realiza estas operaciones. En los incendios donde participan medios de otras administraciones, como ayuntamientos, diputación, mancomunidades, voluntarios etc.  llevamos más de 25 años pidiendo compatibilidad de los canales de emisoras o que nos ponga un canal para poder hablar entre todos los operativos.

En el resto de España, las Brigadas de Investigación (BIIF) se han consolidado como una herramienta esencial en la lucha contra los incendios. Desde nuestro sindicato APAMCYL federado en USCAL, se han enviado en varias ocasiones propuestas técnicas y económicas de creación de las BIIF de incendios al servicio de Defensa Forestal de la Dirección General, sin que jamás se hayan tenido en cuenta. Por ello queremos dirigirnos a los miembros de la Junta de Castilla y León, por enésima vez, para que se pongan en marcha. Es necesario darle una vuelta tanto a toda la organización, como a la reestructuración comarcal y a la planificación logística que se presta tanto en los medios del operativo como el servicio de vigilancia y gestión forestal de los Agentes Medioambientales. Una mejora en la reorganización comarcal, la puesta en marcha de los procesos selectivos de las ofertas de empleo de 2019, 2020 y 2021 con 164 agentes más, y una reorganización de la situación, ubicación y dotación de las bases de los medios de prevención, detección y extinción podríamos mejorar el tiempo de respuesta y atajar mejor desde un primer momento todos los incendios. Es fundamental que se aumente más la inversión escuchando a los que trabajan a pie de campo para sacarle el máximo partido de la forma más eficiente a todos los recursos.