El Ayuntamiento, siguiendo la Ley de Racionalización de la Administración Pública, ha tenido que verse obligado a cerrar una empresa pública deficitaria que solo se nutría de los ingresos municipales, junto con otros ingresos mínimos de la gestión diaria de alquileres. Este cierre que viene siendo obligatorio desde el año 2014.

La decisión de subrogar todos los activos y pasivos de la empresa pública al Ayuntamiento viene dada por la asesoría jurídica contratada a tal efecto como el mejor método para liquidar la sociedad. Por esta razón, los trabajadores y trabajadoras fueron absorbidos por el Ayuntamiento, que al no disponer de espacio legal para dar cobijo a estas personas se ha visto en la obligación legal de despedirlos. En total, el coste del despido de todo el personal subrogado de GUSAM ha sido de 140.000 € aproximadamente, repartidos de la siguiente forma:
 

Trabajadora 1: 33.000 €
Trabajadora 2: 29.000 €
Trabajadora 3: 19.000 €
Trabajador 4: 33.000 €
Trabajadora 5: 26.000 €

A esto le tenemos que sumar el gasto realizado, anteriormente a su liquidación, en GUSAM por la reincorporación de un trabajador debido a una sentencia judicial calificando su despido el 31 de enero de 2013, como nulo por despido ideológico, por lo que solo cabe su readmisión, y el pago de los salarios de tramitación e indemnizaciones al trabajador, seguridad social y hacienda. En total, algo más de  112.000 €.