Mi nombre es Camila Mayorga, estudiante de derecho. Me gustan los temas sobre el medio ambiente, sostenibilidad y derechos humanos. Sabemos que una de las obligaciones del Estado es garantizar a sus ciudadanos un ambiente sano, la conservación de áreas de especial importancia ecológica y el fomento de educación para el logro de estos fines. Esto implica una conexidad directa al tener el deber de garantizar los derechos fundamentales y proveer condiciones dignas de vivienda a los ciudadanos. 

Eso quiere decir que si se quiere atender la crisis climática se deben atender los asuntos de derechos humanos,  ya que están completamente conectados. El Gobierno colombiano ha demostrado negligencia para cumplirle a las poblaciones más vulneradas por la crisis climática. Comete el error de ver la crisis como un problema separado de las problemáticas sociales, cuando sin garantías a los derechos humanos no se va a mitigar el impacto climático. Sin perspectiva social, de género, raza y clase en las acciones climáticas, no habrá protección alguna entre naturaleza, cuerpo y territorio. 

Colombia es un país que tiene esa carga, y milagro a la vez, de ser uno de los países más biodiversos y diversos del mundo y es responsabilidad del Estado atender todos estos territorios. Aún así, se habla de la crisis climática como algo futuro, cuando hoy en día hay poblaciones y regiones que no tienen acceso al agua, como en la Alta Guajira, algunas partes del Chocó y Nariño. No es gratis que las regiones más olvidadas sean las de las comunidades indígenas, afros y campesinas. 

En temas de acceso al agua, nuestro ordenamiento jurídico menciona que el derecho al agua debe cumplir los siguientes elementos: disponibilidad, sostenibilidad, cantidad, continuidad, accesibilidad y calidad. Ninguno de estos se cumple en las zonas más vulneradas, como en la Alta Guajira. Las preguntas son: ¿Qué medidas está tomando el Estado para mejorar el acceso y calidad de agua en las regiones olvidadas? ¿Cómo es posible que no se estén respetando las consultas previas con los pueblos indígenas? 

En temas de enfoque de género no es de gratis que el 80% de desplazados por efectos del cambio climático sean mujeres y que, dentro de este grupo poblacional, sean parte de comunidades afro, indígenas y campesinas. Acá la pregunta es, ¿Hasta cuándo la mujer será vista como territorio de guerra? Estas mujeres son unas de las más afectadas y no solo se agrede contra sus vidas y dignidad, sino que muchas, además, son sujeto de violaciones sexuales por parte de militares y civiles. El Gobierno no conecta la gravedad de esta situación con el sentido de que las mujeres son las principales protectoras del medio ambiente en diferentes comunidades y, al violentarlas, están agrediendo directamente al equilibrio de la naturaleza.

En temas de protección y derecho a la vida, no es gratis que en el año 2020 fueron asesinados 65 líderes ambientales en Colombia. Las y los líderes ambientales deberían ser sujetos de especial protección, considerando la cantidad de amenazas que reciben y obstaculizan su derecho a ejercer su defensoría del medio ambiente y comunidades. Aún así, el Gobierno no demuestra interés alguno. La pregunta acá es ¿Cuándo se ratificará el Acuerdo de Escazú que atiende estos temas específicos de protección a los líderes?, ¿Qué es lo que tanto debaten frente a las masacres? 

No existirá justicia climática si no está acompañada de todos estos temas. Se pide acción política para atender estos temas que garanticen los derechos fundamentales. Se pide la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se pide presencia del Estado en las zonas más vulneradas que aún no tienen acceso al agua acompañado del respeto a las consultas previas y al diálogo directo con las comunidades. Se pide que se escuche al sector agrícola que ha tenido que vender sus productos a precios sumamente bajos y además ha tenido que sufrir las amenazas del Estado con la implantación de aspersión de glifosato a los cultivos de coca. Se pide que el derecho sea por y para el bienestar general y no para obstaculizar el acceso a los mismos derechos.

Como lo han mencionado muchas comunidades indígenas: el activismo ambiental sin las voces indígenas es jardinería. Como colombiana que disfruta de los privilegios de una vida digna en este país, le pido al Gobierno que entienda que no se trata de darle voz a los que no la tienen, pues ellos ya la tienen. Falta que escuchen sus voces, se les garantice condiciones dignas y atiendan sus peticiones. ¿Me ayudas a hacer que sus voces sean escuchadas? Firma esta petición para que políticos del Congreso nos den una respuesta en el portal cuando alcancemos 350 firmas. Difunde y comparte con tus contactos. Luchemos por nuestro hogar juntos, cada acción cuenta.