Hola Juan,

casualmente contesto esta pregunta la misma tarde en que Martín de la Herrán acaba de defender la ILP por la reforma de la ley electoral andaluza en el Parlamento de esa comunidad, en Sevilla. Por lo que acaban casi de contarme, IU ha reconsiderado su voto, inicialmente negativo, y ha votado a favor, de lo que hay que alegrarse: nunca es tarde si la dicha es buena. Más aun considerando que IU, en concreto, llevaba la propuesta de cambiar la ley electoral de Andalucía en su programa para hacerla más proporcional, y representativa del auténtico pluralismo político de la comunidad, objetivo que olvidaron tan pronto el PSOE les ofreció formar parte de la Junta. Pero PSOE y PP han rechazado la ILP, fieles a su principio superior de bloquear cuanto sea posible la mejora de la democracia y la adopción de una ley electoral pluralista. Lo suyo es el bipartidismo y la "gran coalición" disimulada. Una estafa a la democracia.

Aquí puede verse la primera noticia sobre la defensa de la ILP por el cambio de la ley electoral que ha hecho Martín de la Herrán, con el texto completo de la misma. Si nos arriesgamos a intentar recoger más de 40.000 firmas para presentar esa iniciativa popular (finalmente se recogieron algo más de 58.000), tarea nada fácil porque cada firma debe estar validada por determinados requisitos formales, fue por una doble convicción: la principal y primera, que el desbloqueo de las leyes electorales que favorecen al bipartidismo es imprescindible para regenerar la democracia, la piedra de clave de la bóveda del sistema de partidos; la segunda, la convicción, pronto confirmada, de que ni IU ni menos aun el PSOE, pensaban usar su mayoría absoluta en Sevilla para modificar una ley que en el fondo les venía y viene de perlas para cerrar el paso a competidores políticos, como la propia UPyD y cualquier nuevo partido. De modo que la única alternativa era aprovechar la previsión del Estatuto de Andalucía para presentar una ILP que obligara a debatir la reforma electoral, como hoy ha sucedido.

El sistema degenerado que soportamos está blindado por leyes electorales que favorecen exageradamente a los partidos que consiguen más votos concentrados en las diferentes provincias, mediante el procedimiento de reducir, en la práctica, el valor del voto de los ciudadanos de las provincias más pobladas. La excusa, bastante estúpida, es que hay que grantizar la representación de "las provincias", cuando son los ciudadanos y no los territorios los que votan y son representados en los parlamentos. Es ese sistema, que menoscaba gravemente el principio de la igualdad del voto, el que protege a los viejos partidos mayoritarios, convirtiendo en una epopeya el intento no ya de romper su mayoría, sino de entrar en las instituciones parlamentarias.

Por poner un ejemplo muy gráfico de ámbito nacional, cada escaño del Congreso de los Diputados obtenido por UPyD en 2011 (5), costó casi 250.000 votos; cada uno del filoetarra Amaiur (7) costó, en cambio, menos de 30.000 votos. La concentración territorial en unas pocas provincias está gratificada, y la presencia nacional bien repartida, penalizada. No es algo que favorezca solo a los nacionalistas: a PP y PSOE cada escaño les viene a costar unos 40.000 votos de media. Se entiende perfectamente su interés espurio en mantener leyes electorales tan favorables, invocando falacias como que "garantizan la gobernabilidad" frente al "caos" de un sistema de varios partidos obligados a pactar para formar mayorías.

Más aun, el PP ha puesto en marcha operaciones de empeoramiento de leyes electorales que todavía restringen más, de hecho, la representatividad parlamentaria y el pluralismo polìtico, como la de Castilla-La Mancha, que impone un umbral de acceso un 12-17% de votos para entrar en el parlamento. Junto con otras medidas adicionales que explico aquí, es un camino que lleva de una democracia deficiente a una oligarquía descarada mucho peor.

Respecto al PSOE, pese a sus protestas de independencia, es un buen socio del PP en materia de restricción democrática e inmovilismo institucional. En Asturias apoyamos un gobierno socialista con la condición de un programa de reformas que incluyera una nueva ley electoral más representativa y proporcional. Incumplieron el acuerdo y UPyD rompió con ellos. Y han preferido un pacto de hecho con el PP en Asturias que aceptar un cambio de la ley electoral que acabara con el abuso. La excusa invocada es que tales cambios requieren, dicen, de la práctica unanimidad de todos los partidos -una impostura manifiesta, porque no la aplican a los presupuestos ni a la formación de gobiernos-. Pura hipocresía que los socialistas han repetido en Andalucía: piden unanimidad para aprobar la tramitación de una ley electoral, es decir, el acuerdo con el PP. Obviamente, la excusa para no hacer cambio alguno y dejar todo como está.

Y es un cambio muy importante para regenerar la democracia y salvar su amenazada legitimidad: mucha gente no soporta ya, con razón, esas leyes electorales trucadas que condenan a la marginación a partidos que no obtengan más del 25% de los votos, al menos. Tal como van los socialistas en su caída electoral es posible que pronto sufran las consecuencias de su propio inmovilismo, pero esa no es la cuestión, sino el hecho incontestable de que, si te opones a reformar la ley electoral, estás blindando un sistema que ampara la corrupción, el mal gobierno y la ineptitud más absoluta. Por eso es fundamental reformar las leyes electorales, y no vamos a cejar en el empeño. La ILP andaluza ha sido otro importante paso en esta dirección irreversible.