El Comité de Empresa de Barcelona de Serveis Municipals iniciamos una huelga de fines de semana en marzo de este año con un seguimiento del 100% en la mayoría de los casos. Los controladores de estacionamiento regulado pertenecemos al sector público y no aceptaremos imposiciones ni renunciaremos a nuestros derechos. En mayo, con el objetivo de negociar, hicimos una pausa en nuestra huelga, pero tras no obtener ningún acuerdo satisfactorio, reanudamos los parones. 

Nuestro objetivo principal es poner fin a los días de doblaje o días de jornada partida en los que, en total, podemos estar fuera de casa entre 13 y 14 horas diarias. Esto nos produce un cúmulo de cansancio que arrastramos toda la semana teniendo en cuenta que pasamos gran parte de la jornada caminando en la calle. A esta convocatoria también añadimos otro tipo de problemas como es el de la seguridad. Estos últimos dos años se han casi duplicado las plazas de estacionamiento regulado, por lo que ahora tenemos que acceder a barrios conflictivos, lo que nos genera miedo e incertidumbre. Además, pese al incremento de plazas, desde el año 2009 no hay contratación de personal. Teniendo en cuenta jubilaciones y bajas, la plantilla es de 150 vigilantes a pie, por lo que exigimos una ampliación del personal. 

Dentro de nuestras reivindicaciones nos hemos centrado en el fin del día de doblaje porque es un hecho que está regulado en nuestro Convenio Colectivo y la empresa no está cumpliendo. Nuestro convenio manifiesta textualmente: “En el momento en que haya algún cambio de importancia en las funciones o condiciones de trabajo del personal de UOER se negociará en el foro de las relaciones laborales el doblaje con el objetivo de pasar a jornada continua”. Debemos tener en cuenta que, tras la pandemia, en el año 2020, se ampliaron tanto las tarifas de pago como los horarios, dejando de ser gratuito el estacionamiento de 14h a 16h. Antes se justificaba la jornada partida debido a este parón, pero ahora que el horario es continuo, el doblaje dejó de tener sentido. Durante la pandemia para no coincidir con el personal no hicimos doblajes, por lo que durante dos años se ha visto claramente que es un modelo factible.

Argumentando claramente que han existido los cambios necesarios para eliminar el doblaje, pedimos que se cumpla el convenio. La empresa abrió negociaciones, pero sin voluntad de escucharnos y con el único objetivo de buscar su beneficio. Pretenden utilizar los días de doblaje como rehén para que, por ejemplo, trabajemos los domingos de manera obligatoria (siendo hasta ahora opcionales y con una retribución mayor). Consideramos que este tema es otra negociación y, por eso, la empresa ha intentado ejercer la imposición hacia nosotros. Utiliza el Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores por el cual se pueden modificar las condiciones de trabajo, mientras se justifiquen como empresa legalmente. A esto nos negamos rotundamente ya que no se puede aplicar sobre los derechos regulados en un convenio. 

El objetivo de la empresa era que cediésemos bajo la política del miedo, pero lo que se ha encontrado es una plantilla cansada y sin miedo a perder. Llegados a este punto, hemos convocado más movilizaciones y no descartamos llegar a un paro total si las circunstancias lo requieren, además de ir a los juzgados. Los trabajadores no nos negamos a negociar cualquiera de los temas, pero fuera de la imposición del Art.41. La negociación del doblaje debe estar fuera de la ecuación y, una vez dado ese paso, hablaremos con la empresa de todo lo que considere oportuno, pero deben retirar la imposición. Somos los trabajadores de una empresa pública y solicitamos el amparo del Ayuntamiento de Barcelona para que medie e intente que la empresa no imponga unos cambios, sino que haya una negociación, además de cumplir el convenio con respecto a los doblajes. Si la empresa no nos da soluciones, es el Ayuntamiento quien debe velar por el bienestar de los trabajadores.