Desde la Coordinadora Andaluza de Emplead@s Públic@s en Abuso de Temporalidad (CAEPAT) queremos denunciar la situación de Fraude de ley en el que nos encontramos los trabajadores de las administraciones andaluzas y de todo el Estado. Nos encontramos desamparados en la búsqueda de una mejora de nuestras condiciones laborales corriendo el riesgo de perder nuestros puestos de trabajo. Nos encontramos en abuso de la temporalidad y exigimos sanción del legislador tanto en el sector público, como en el sector privado. 

Estamos viviendo una situación aberrante. Gente que llevamos trabajando 20 o incluso 30 años, tras ser víctimas de abuso laboral por parte de las administraciones, tenemos la obligación de hacer una prueba para continuar con nuestros puestos que no garantiza en absoluto que podamos volver a trabajar en la administración. Por lo que podemos llegar a vernos con 60 años, sin trabajo y sin ningún tipo de respaldo. Y pese a que esto incumple abiertamente el Derecho de la Unión Europea, se sigue cometiendo. 

Estamos ante un abuso de la temporalidad y para que eso no se siga cometiendo debe haber unas sanciones y una regularización. Las víctimas no podemos ser las personas sobre las que recae esta situación, tenemos que ser resarcidas y no castigadas. Ni el Gobierno ni los sindicatos mayoritarios nos están escuchando ni tienen en cuenta nuestras peticiones. Al igual que en otros países de la Unión Europea como Italia y Grecia se ha regularizado y resuelto este problema, en España se debe poner fin a esta injusticia. 

La fijeza en igualdad de condiciones y derechos es la única propuesta acorde al Derecho de la Unión que protege debida y suficientemente al personal público en abuso de temporalidad. Por ello queremos dirigirnos a los miembros del Parlamento de Andalucía. Exigimos que una duración superior a tres años se considere injustificadamente larga y el trabajador interino pase a ostentar la condición de fijo a extinguir como así lo marca Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es fundamental que se busque una fórmula para la regularización. Hay que tener voluntad política para encontrar soluciones.  Las administraciones públicas tienen que admitir el Fraude de Ley en el que nos encontramos y ofrecernos una alternativa que no vulnere nuestros derechos laborales.