La ley no tiene que garantizar que cualquier ciudadano en cualquier caso pueda "realizar" (aprender) un idioma. Lo que tiene que hacer es dar la oportunidad y derecho de aprender un idioma en la etapa de educación obligatoria, en la zona vascófona o la zona mixta, y en la zona no vascófona, allá donde exista demanda suficiente, y a utilizarlo en sus relaciones con la administración, porque el derecho del ciudadano a definir su identidad personal, y utilizar un idioma oficial tiene que protegerse por ser fundamental.