Somos muchas las profesionales de la salud que estamos sufriendo mobbing en los hospitales públicos de España sin que se haga nada para ayudarnos. Las denuncias internas por acoso moral/laboral por razón de sexo en los hospitales acaban con el abandono del puesto de trabajo de los profesionales de la salud que lo han denunciado. ¿Existe un protocolo de actuación ante un presunto acoso que proteja a la víctima de forma inmediata? En la mayoría de los hospitales, NO. 

El acoso moral en el ambiente laboral o mobbing por razón de sexo es un hecho frecuente en las grandes empresas, pero no es exclusivo de ellas, ya que también se da en ámbitos públicos como en las Universidades o en Instituciones Sanitarias. Entre sus causas subyacen las desavenencias personales, las envidias, la competitividad y los intereses políticos o estratégicos relacionados con el poder dentro y fuera de la institución, teñidos por un trasfondo de discriminación por el hecho de ser mujeres.

Cuando una mujer sufre un acoso de estas características por parte de un superior jerárquico, generalmente varón, en un hospital público se encuentra ante una situación de indefensión. Si esta persona denuncia internamente, se debería poner en marcha un dispositivo de protección por parte del Servicio de Riesgos Laborales, que no siempre ocurre, o al menos no de forma automática y efectiva. Se puede recurrir a los sindicatos, que ante la mención de un caso de “acoso moral/laboral” suelen desaconsejar a la víctima el seguir defendiendo sus derechos fundamentales pues “es muy difícil de probar el acoso y, sobre todo, que se considere asociado a que eres mujer”, “te va a traer problemas” ... Si el hospital es de la suficiente envergadura, y a petición de la víctima, se puede interpelar a una comisión interna que actúa de mediadora entre acosador/a y acosada. En este momento, el acosador ya es consciente de que ha sido denunciado. A partir de este momento es cuando esa persona, que ostenta una posición de poder, comienza a mover los hilos del corporativismo, un sistema arcaico y piramidal, que desgraciadamente sigue persistiendo en la Sanidad Pública para protegerse y evitar asumir las consecuencias de sus actos.

Mientras la víctima se encuentra aislada, vejada, ansiosa y deprimida, sin haber sido protegida por el hospital, la respuesta al conflicto suele ser la represalia, ya sea a modo de despido, ya sea un empeoramiento de sus condiciones previas, siempre manteniendo silenciado el proceso de puertas a dentro en los despachos institucionales. Pero no solo es la institución, l@s propi@s compañer@s, por temor a represalias o por intereses propios, no se posicionan ni ayudan a la persona que está sufriendo (testigos mudos), incluso podrían alinearse con el acosador (testigos conniventes), por esa inercia de “manada” parecida a la que se describe en el bullying escolar. La atención psicológica y la medicación comienzan a hacerse necesarias, desembocando en baja laboral en muchas ocasiones, que es cuando la situación emocional comienza a dejar huella en la carrera profesional, en las relaciones con la pareja, la familia y las amistades, y corre el riesgo de hacerse irreversible. Siempre se perjudica a la víctima más débil y, la mayoría de las veces la víctima es una mujer.

Hemos visto como compañeras han sido obligadas directa o indirectamente a abandonar sus puestos de trabajo. Se las ha aislado, se les ha dado tareas imposibles para luego reprenderlas por no cumplir objetivos, se les ha dejado con un trabajo mínimo, no adecuado a su formación, hasta que no han podido soportar más presión. En otros casos se las ha despedido basándose en expedientes disciplinarios por errores cotidianos de los que se cometen muchos a diario, sobre todo por los superiores jerárquicos. Todos los casos quedan silenciados en meses, aunque persisten en la memoria de tod@s y en la salud emocional de la víctima, manteniéndose la estructura jerárquica y la cadena de mando intacta. Hay una completa impunidad en el delito en Sanidad Pública. 

Estamos totalmente desprotegidas ante el status quo del lobby hospitalario. No puede ser que hagamos bien nuestro trabajo, con ilusión y motivación y que acaben destruyéndonos por completo. No debería ponerse la salud de las personas en manos de profesionales que no tienen escrúpulos en destruir las carreras o vidas de otr@s sin remordimientos, aunque sean unos magníficos “gestores”.

Con el fin de que el corporativismo y el nepotismo que inunda los hospitales públicos no ponga en peligro la continuidad y salubridad del Sistema de Salud, y por tanto, a los pacientes, me gustaría dirigirme a los miembros del Senado para que se asegure la puesta en marcha “real” en los hospitales públicos de protocolos de acoso laboral que protejan inmediatamente a la víctima ante la presunción de mobbing por razón de sexo,que se revise el sistema de penalización de los profesionales ante los que se presenta un expediente o una denuncia, y que se realice un seguimiento por entidades externas no politizadas de los conflictos que puedan surgir entre profesionales, para que, si es preciso, se puedan tomar medidas que protejan a las víctimas.