Nos llamamos Sandra y José y somos familia de acogida desde 2017. Hace cuatro años que un niño de nueve forma parte de nuestras vidas y aproximadamente un año que acogimos también a una niña que ahora tiene tres añitos. Hace poco tuvimos que despedirnos de ella. Como familia de acogida sabemos que existe la posibilidad de que estos niños vuelvan con sus padres biológicos, pero nadie nos explicó que su situación familiar posiblemente seguiría siendo igual de inestable que cuando los acogimos. 

¿Dónde están los derechos del menor? Creemos que ha habido una mala gestión por parte de la Administración en nuestro caso y nos gustaría que no se repitiera. El Sistema de Acogida debe de revisarse y realizar cambios para que nadie más tenga que pasar por nuestra situación. 

Hace unas semanas tuvimos que llevar a Du de vuelta con su familia biológica. Cuando acogimos a esta niña, nos presentaron el caso como una situación grave de desamparo y malos tratos agravada por el consumo de tóxicos por parte de la madre y el padre biológicos. Por su parte, el equipo correspondiente también hizo una valoración de la posible familia de acogida extensa y evaluaron a la abuela materna para ver si cumplía los requisitos. Finalmente decidieron que no estaba capacitada, entre otras cosas, por consumo de alcohol y altercados con la policía. 

La relación entre la madre y la abuela de la pequeña tampoco es ejemplar. Hemos podido comprobar que se trata de un vínculo inestable con muchas idas y venidas, en la que han pasado largos periodos de tiempo separadas por motivos que desconocemos. 

Durante el tiempo que Du ha estado en casa, nadie nos ha informado nunca de que se hubiera producido un cambio en la situación de la familia biológica. De hecho, ya teníamos programadas las citas hasta diciembre, habíamos escolarizado a la niña y teníamos las vacaciones planeadas. La Fundación IRES, con la que llevamos el proceso de acogida, incluso nos dijo que las posibilidades de retorno no estaban previstas a corto plazo. De no ser así, nunca nos hubieran dado a la niña en acogida ya que, la separación no solo podía afectarnos a nosotros y a ella, sino que también estaba implicado nuestro pequeño.

Nadie nos dio nunca ningún indicio de que la niña pudiera marcharse. Pero el 30 de julio recibimos una llamada urgente para convocar una reunión. Allí nos comunicaron que la niña se iba con su familia biológica a partir del 10 de septiembre. Al parecer un equipo externo había realizado una nueva evaluación sobre la abuela materna y habían determinado que actualmente era apta para cuidar de la niña y recibir una compensación económica por ello. Sin embargo, a nosotros nadie nos avisó de que se estaba estudiando esta posibilidad.

Nos dejaron en clara indefensión e imposibilidad de respuesta ya que durante el mes de agosto fue muy complicado informarnos y asesorarnos de las posibilidades que teníamos. A pesar de esto, nos pusimos a buscar ayuda por todas las vías posibles y finalmente encontramos un abogado al que le facilitamos varios informes objetivos sobre la situación de la niña para poder presentar medidas cautelares frente al juez para frenar el proceso. 

Todo esto no ha servido de nada. El juez ha desestimado la petición porque todavía no tenía constancia del cambio de guarda. Ahora Du está en riesgo ya que, aunque la abuela materna se hará cargo de la acogida, la madre biológica ha manifestado que también vivirá con ellas -información que nos han ocultado hasta el último momento-. Una madre que tanto la EAIA (Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia) como la Fundación IRES, consideran no apta para la guarda y custodia de la menor. En definitiva, un entorno del todo inadecuado para criar a una niña. 

¡Los niños no son juguetes! Necesitamos la ayuda de todos para hacer pública esta situación que nos está tocando vivir como familia de acogida. Se están vulnerando los derechos de una menor, se nos está privando de asesoramiento jurídico y se nos está humillando al mantenernos al margen y ocultarnos información durante todo el proceso. 

Necesitamos organismos y administraciones competentes que trabajen unidas por el bienestar de los menores y no como entidades independientes sin ningún tipo de comunicación entre ellas que les hace cometer errores tan graves como este. Las familias de acogida necesitamos sentirnos protegidas y acompañadas y sentir que por encima de todo se protege a los menores y sus derechos.

Por todo esto, nos dirigimos al Parlament de Catalunya para que nos ayuden a dar voz a esta injusticia y nos acompañen en el proceso. Necesitamos que se realice un cambio en el sistema de acogida. Por nosotros, por Du, pero sobre todo por los derechos de todos los menores y familias de acogida.

Por favor, ayudadnos a que esta reivindicación llegue al mayor número de personas posible.