Hola, somos Iker Eguskizaga, delegado sindical de LAB y Aitor Garmendia, delegado sindical de ELA; ambos somos Técnicos de Programación y Operaciones en el aeropuerto de Bilbao, y miembros del Comité de Centro de Aena.

Aena ha implantado un modelo de gestión privatizada en la gran mayoría de los servicios del aeropuerto. Eso ha llevado a la precarización permanente en puestos de trabajo estructurales de servicios fundamentales. Siendo una empresa pública, en 2015 el Gobierno Español vendió al capital privado el 49% de las acciones de Aena. Desde entonces en los servicios privatizados se está dando una mayor precarización, despidos y una degradación constante de las condiciones de trabajo. 

En este año de 2022 se ha dado un fuerte proceso de recuperación de la actividad en el aeropuerto. En este mes de agosto se ha superado el récord de pasajeros del mismo mes que se obtuvo en 2019, el año con más pasajeros hasta ese momento. También, en los meses de julio y agosto de este año, en más de una decena de días, se han llegado a dar flujos récord de más 22.000 personas en un día, entre llegadas y salidas. Y esos días, la Terminal de Bilbao ha llegado a una saturación límite.

En este contexto de fuerte recuperación de la actividad, con días record absolutos, se están dado dos conflictos laborales importantes en la Terminal, que se visibilizan en movilizaciones permanentes denunciando los despidos, las condiciones de trabajo precarias además de la vulneración de derechos sindicales. Estos dos colectivos se corresponden al servicio de información de Aena “Chaquetas Verdes”, en huelga desde el 28 de julio por el despido de tres personas trabajadoras, y al personal de la compañía Volotea, que hacen frente a los despidos de 7 compañeros y compañeras por intentar formalizar una representación sindical y laboral en la empresa.

Pero la situación de precariedad y degradación permanente de las condiciones de trabajo en las distintas empresas que desempeñan su actividad en el aeropuerto no sólo se dan en estos colectivos. La situación que muestran, y demuestran, los conflictos que estamos viviendo ahora, es solo la punta del iceberg de una realidad muy generalizada de degradación del empleo y de las condiciones de trabajo en el aeropuerto. Realidad que, en los últimos meses, ha llegado a tener consecuencias como fuertes ataque de ansiedad de trabajadoras que han necesitado asistencia médica de urgencia.

Las “Chaquetas Verdes” son el servicio de información de Aena en el aeropuerto de Bilbao, subcontratado a empresas externas. En la última adjudicación, hace pocos meses, Acciona asumió el servicio para los dos próximos años. Al de pocos días, Acciona despidió dos trabajadoras del servicio, y este mes de septiembre a una tercera persona. La plantilla, en poco más de un mes, ha  pasado de 8 personas a 5; que tienen que cubrir el servicio todos los días de la semana y durante todo el horario que esté abierto el aeropuerto, con una carga de trabajo creciente y previsiones a corto plazo de un mayor aumento de pasajeros y pasajeras.

Para darnos cuenta de lo irracional de la decisión empresarial para esta reducción drástica de la plantilla de “Chaquetas verdes” basta hacer una simple comparación. En 2012, con poco más de 4 millones de pasajeros, en el servicio de información había 22 personas. Hoy, solo quedan 5 personas tras un mes, el de agosto, que se ha superado el dato del mismo mes de 2019, año récord con casi 6 millones de pasajeros. Durante los últimos diez años, mientras el volumen de pasajero crecía año tras año, el personal de “Chaquetas verdes” mermaba constantemente. A día de hoy, y pese a que la carga de trabajo es cada vez mayor, el servicio solamente tiene 5 personas para cubrir todo el horario durante los 7 días de la semana. Y además, hay que tener en cuenta que el servicio de “Chaquetas verdes”, según consta en el expediente de adjudicación, debe atender obligatoriamente –y de forma preferente- a las autoridades del Estado que tienen derecho a un tratamiento especial: acompañamiento en la sala de autoridades, en el embarque/desembarque o en cualquier otra cosa que necesiten. E históricamente, este servicio ha desarrollado una labor fundamental para facilitar el flujo de pasajeros de llegada y salida. Labor, que en la realidad actual, y en la prevista, es cada vez más necesaria para evitar el colapso. 

En este momento, Acciona ha roto todos los contactos con los representantes sindicales de las “Chaquetas verdes” por lo que el conflicto no tiene visos de solución. Además, Aena mira para otro lado y no intervine, a pesar de ser la mayor responsable de la situación. 

Aunque el servicio esté subcontratado, Aena es la responsable de que se de en los adecuados niveles de calidad, con las plantillas adecuadas y con condiciones de trabajo dignas. Aena no solo mira para otro lado, sino que es la gran responsable de la generación del conflicto por haber elaborado un expediente de adjudicación cuyas condiciones económicas llevaban directamente a la ejecución de despidos. 

El aeropuerto de Bilbao es una infraestructura estratégica fundamental para garantizar las necesidades de movilidad y conectividad del tejido social y económico al que servimos. Y Aena es aún hoy en día una empresa con mayoría de capital público (51%) y por lo tanto sujeta a decisiones de instituciones del Estado. Y en ese marco de responsabilidad de las instituciones públicas en la gestión de Aena, también las instituciones vascas –a pesar de no tener ninguna responsabilidad orgánica en la gestión del aeropuerto- deberían intervenir para que se garantice que la actividad del aeropuerto se presta en las adecuadas condiciones de calidad y seguridad. Ya que si eso no es así, los directamente afectados no solo somos los y las trabajadoras del aeropuerto, sino toda la sociedad vasca.

No se puede permitir que por sumar cantidades ridículas a los dividendos que se están embolsando los inversores privados, Aena lleve una política premeditada de degradación y desmantelamiento de servicios. Porque eso no solo va contra los derechos de trabajadores y trabajadoras, sino que vulnera el derecho de toda la ciudadanía vasca a tener un servicio público en las necesarias condiciones de calidad y seguridad.