Estamos ante un caso en el que los jueces que deben analizar el caso tienen que reflexionar no solo sobre el cómo ocurrieon los hechos sino sobre el qué estaba pasando.

Es evidente de que estamos ante una irregularidad administrativa pero nada más. Y desde esa perspectiva deberían juzgarse los hechos. No estamos ante un caso de tráfico de seres humanos. Lola no es miembro de ninguna mafia. Es una persona solidaria que intentaba, en este caso, resolver un problema que no debería haberse producido nunca. Estamos ante un caso de un menor que huye de una zona en conflicto, que tiene familiares en Europa y que puede acogerse en una unidad familiar ya establecida en Europa de la violencia y la pobreza.

Por eso plantearse esta actividad como un delito me parece desproporcionado y sancionar un ejercicio de solidaridad comproimetida con diez años de carcel directamente incomprensible. Por el contrario este suceso debería servir para acelerar las reformas que estamos apoyando y  tramitando en el Parlamento Europeo para distinguir y penalizar las actividades de tráfico de seres humanos y entorpecerlas gestionando mucho mejor y más agilmente las solicitudes de asilo y reagrupamiento familiar. Unas reformas que encallan, demasiadas veces, en algunos estados miembros que con su actitud dan alas al populismo y la ultraderecha. 

Frenar el ultraderechismo populista que ensucia Europa, que arruina los valores sobre los que se fundó la Unión Europea obliga a distibnguir entre solidaridad y delito, entre ayuda y tráfico de seres humanos. Ningún sistema judicial europeo debería confudir esos conceptos.