El mandato negociador reconoce una total exclusión de los servicios públicos en el posible acuerdo como el agua, la salud y la educación y en este sentido también se ha posicionado el Parlamento Europeo. No conocemos la propuesta (TTIP) y estando a favor del comercio internacional tenemos muchas dudas sobre su viabilidad. Nuestra máxima siempre va a ser preservar los estándares de la UE de protección social, laboral, medioambiental y de derechos de los consumidores y consumidoras.