El PCAS considera que debe de abrirse un proceso de diálogo para articular una consulta que clarifique el deseo de la mayoría de la sociedad catalana y dé respuesta a la demanda tan amplia que existe y que está apoyada por una parte muy importante del propio parlamento catalán. Creemos en la democracia y entendemos que cuando se producen demandas ciudadanas con la fuerza que se están dando en Cataluña, deben de articularse vías para que el conjunto de sus ciudadanos puedan decidir sobre ellas. 

Sin embargo, somos contrarios a que se produzca una declaración de independencia de forma unilateral y en base a los resultados de las elecciones autonómicas. 

Por un lado, entendemos que esa situación atentaría gravemente contra el marco legal que la mayoría de españoles se han dado y aunque nosotros somos muy críticos hacia ese marco y el papel asignado a Castilla, pensamos que debe de trabajarse para su modificación. Ignorarlo y romperlo, resultaría enormemente peligroso para la convivencia democrática de este país y abriría una situación de futuro sumamente compleja para todos los ciudadanos. La democracia tiene unas normas básicas de convivencia que deben de respetarse lo cual no implica que no puedan o no deban variarse. 

Por otro lado, pensamos que el proceso, tal y como se plantea, no reuniría las condiciones democráticas suficientes para llevarlo a cabo dado que no se está realizando un referéndum para decidir si el pueblo catalán se independiza y esto puede dar lugar a que haya parte de gente que vote en clave independentista y otros que lo hagan en clave distinta, como es la elección de representantes autonómicos al parlamento catalán, con lo que los resultados serían difusos y totalmente cuestionables.

Por ultimo, no vemos como solución planteamientos de seguir dando o aumentando privilegios a determinados territorios para intentar solventar sus continuas demandas porque no creemos que sean aceptadas en la situación actual y aunque lo fuesen, no son soluciones de futuro ya que acaban llevando a situaciones sin fin y a un estado insolidario e inviable con territorios y ciudadanos de segunda. 

Los castellanistas creemos en un estado federal simétrico, donde sus ciudadanos y territorios tengan los mismos derechos y un marco legislativo claro en cuanto a las competencias del Estado y las de las nacionalidades que lo formamos, entre las que debe de estar una Castilla unida administrativa y políticamente. Defendemos que si los castellanos conseguimos una determinada situación legal o fiscal, esta pueda ser aplicable al conjunto de ciudadanos del resto de territorios, si lo consideran de interés. La limitación no debe estar en la posibilidad de aplicar sino en la decisión de cada uno de aplicar o no.