Querido amigo, agradezco que me plantee una cuestión que, además de afectarle personalmente, es de incidencia general. En nuestra Constitución se reconoce y protege el derecho a la propiedad privada y también el derecho a la vivienda. En mi opinión, para garantizar el derecho a la vivienda las Administraciones Públicas tienen que establecer los medios necesarios para satisfacer un derecho tan básico. Pero proveer esa vivienda no puede recaer en una persona concreta sino que tiene que ser la sociedad en su conjunto, a través de la Administración, la que la facilite. No es admisible la ocupación de una vivienda privada bajo la excusa de que no se dispone de vivienda. Los servicios sociales de las distintas administraciones tienen la obligación de dar solución a ese problema y no se puede consentir la ocupación de una propiedad privada haciendo recaer en una sola persona (la propietaria del inmueble) el coste de esa actuación de carácter social.