Ahora, en Aragón, disponemos de una Ley de Transparencia y Participación Pública avanzada, que fue aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas (de hecho es el único caso semejante en toda la Legislatura, en la que el PP y el PAR han impuesto siempre su rodillo). Es una Ley que obliga no solo al Gobierno de Aragón, sino también al resto del sector público autonómico, así como a los Ayuntamientos y Comarcas. Ese es el primer paso: máxima transparencia. Pero, además, es preciso impulsar fórmulas de control de la convocatoria y adjudicación de las subvenciones y ayudas, tanto parlamentario como directamente ciudadano. Es preciso poder hacer la trazabilidad de todo el dinero público.