Claro que sí, pero no sólo lo hacemos por el ahorro. Queremos una administración profesional e independiente para Madrid, por lo que vamos a reducir el número de asesores políticos en la administración, vamos a eliminar órganos consultivos que más bien son cementerios de elefantes pagados por todos, y vamos a establecer que los altos cargos en las Consejerías dejen de ser nombrados a dedo y pasen a ser seleccionados de entre los propios empleados públicos en función del mérito y capacidades. Calculamos un ahorro de varios millones de euros al año con estas medidas. El dinero que ahorremos de ahí va a ir directamente a reforzar las plantillas de sanidad y educación, que tantos recortes han sufrido los últimos años. La ecuación es así de fácil: menos asesores, mejores servicios públicos.

Pero también con ello esperamos mejorar la eficacia de la Administración madrileña, que dispone de magníficos profesionales que demasiadas veces ven frustrado su trabajo porque sus superiores han sido colocados por enchufe y tienen más en mente sus intereses personales o partidistas antes que el bienestar de los madrileños. Esto es también una vacuna contra la corrupción: cuando las administraciones están dirigidas no por expertos sino por amigos y familiares de los políticos, es más fácil meter la mano en la caja sin que exista control alguno.