Esta es una questión muy interesante como ejercicio intelectual, pero, además, conseguir una respuesta adecuada a la misma ahorraría mucho sufrimiento a innumerables menores y a sus familias.

La verdad es que no es fácil responder a las preguntas que en este escrito se formulan, pero hay una para la que no tengo ninguna respuesta.

Me preguntan “Un partido … como el PSOE ¿Por qué no se sensibiliza ante el sufrimiento de una ruptura familiar que afecta directamente a los menores por no garantizarles su derecho a tener padre y madre?”. Esta pregunta debería de ser respondida por el PSOE. Evidentemente, yo no me siento autorizado para hablar de lo que hace o debe de hacer otro partido.

Cada progenitor (padre o madre, en sentido extenso), cada menor y cada entorno familiar y social son únicos y con equilibrios muy particulares.

Esto hace que las soluciones a los problemas individuales no puedan basarse en respuestas estandarizadas, en ninguna dirección.

En todos los procesos de ruptura de pareja, los menores son, sin duda, los que más sufren. Incluso en aquellos casos en los que la ruptura es civilizada y se completa razonablemente.

Los hijos e hijas son muchas veces utilizados como moneda de cambio o como herramientas para conseguir mejores condiciones de separación o, lo que es más triste e inaceptable aun, como “armas” para hacerse daño entre los cónyuges.

Por eso, la solución “extrajudicial” del problema de la custodia parece inalcanzable por sí sola, porque solo podría darse si consiguiéramos cambiar a la propia sociedad.

Por otro lado, también creo que deberíamos de tener claro que alcanzar la custodia compartida (o cualquier otro tipo de custodia) no es un objetivo en sí mismo.

La custodia compartida no es un fin, sino una herramienta, imprescindible en muchos casos, para conseguir aquello que SI debe de ser el fin último de nuestro esfuerzo y trabajo: preservar el interes superior del menor.

Las medidas adoptadas con ese único objetivo deben de adaptarse a las circunstancias sociales, laborales y familiares de los afectados y cambiar en función de la evolución de las mismas. En ningún caso pueden ser rígidas e inamovibles ni, por supuesto, deben de poder ser utilizadas para condicionar las vidas de ninguno de los progenitores y, mucho menos, para hacerles sufrir

Y todo ello hay que hacerlo, además, desde la escucha activa del menor.

Es la vida de los responsables últimos de la ruptura de pareja la que debe adaptarse de la mejor manera posible a las necesidades de los menores y no al revés.

Los menores no son responsables de nada.

Son las víctimas de los intereses particulares de sus progenitores y, como tales, han de ser protegidas por quienes los trajeron al mundo y, en caso de que no sea así, deben de ser tuteladas por la sociedad, a través de sus instituciones judiciales.

Este es el enorme reto y, en mi opinión, solo podremos acercarnos al éxito con una especialización de los juzgados de familia. Con un refuerzo importante, tanto en profesionales judiciales como en expertos de apoyo en las distintas materias necesarias para definir, en cada momento, el interés superior de los menores y dictar las oportunas medidas para garantizarlo.

Sin un soporte eficaz a la hora de decidir, muchos jueces y juezas pueden optar por seguir el instinto de primar la custodia materna como más beneficiosa para los menores o, incluso, pueden no ser capaces de diseñar un sistema efectivo de custodia compartida y optar por desecharla, tal como parece suceder demasiado a menudo en la actualidad.

O simplemente pueden no ser capaces de detectar comportamientos perversos, mentiras y manipulaciones entre las parejas.

La especialización en el tratamiento de los casos de familia con implicación de menores tiene muchas ventajas y muy evidentes, pero también algunos inconvenientes, como la rigidez, la necesidad de concentración en determinados núcleos de población (a veces muy alejados de las residencias de los afectados), el mayor coste económico o la saturación.

Pero, a mi entender, la única manera de aproximarnos a un tratamiento sensato y justo de los casos de separaciones de parejas en las que haya menores involucrados pasa por la especialización y la mejora de la solvencia técnica de los juzgados de familia.

Y para esto se necesita un acuerdo y una apuesta clara e intensa en el tiempo de todos los partidos e instancias judiciales y de gobierno.

Si no, será imposible conseguirlo.