Es difícil entender el descontrol que está habiendo con las homologaciones de títulos de odontólogos, médicos, psicólogos, ingenieros, entre otros, si no nos fijamos en una cuestión: tenemos unas estructuras de reconocimiento, organización y funcionamiento de la parte burocrática institucional del sistema universitario español que están anquilosadas. Nos encontramos con profesiones reguladas que imponen unos candados de entrada a los profesionales migrantes a través de requisitos muchas veces sin sentido, primero pidiendo una cosa y luego otra.
Por otro lado, tenemos unos colegios profesionales que realmente tienen una función casi absolutamente corporativista. En cierta medida, podríamos entender que mantengan esta posición corporativista para algunas profesiones con especial relevancia, pero aun así cuesta entender que, más allá de la defensa de la profesión, intercedan en otros trámites como pueden ser los informes sobre titulaciones o sobre procesos de homologación, como estamos viendo en el caso de los odontólogos y las odontólogas.
Finalmente, hay un tercer elemento, que es tanto o más preocupante: las continuas reorganizaciones en los departamentos ministeriales están generando un cierto desmembramiento de unos canales de comunicación y funcionamiento que anteriormente, por experiencia propia en mi labor universitaria, funcionaban con bastante eficacia.
La situación actual de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el apartado de los informes y los dictámenes para la homologación está siendo una cuestión muy problemática. Como portavoz de la Comisión de Universidades, hemos solicitado la comparecencia de su presidenta para qué nos informen sobre qué está sucediendo exactamente. También a la Secretaría General de Universidades y al Ministerio de Universidades.
Precisamente, al crearse este Ministerio, de entrada lo vimos como una buena noticia, ya que creíamos que iba a ser interesante tener diferentes ministerios y así poder atender los problemas que aparezcan en cada sector con mayor facilidad. La realidad es que, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y tecnología es un portaaviones mastodóntico, mientras que el de Universidades se ha quedado como una pequeña chalupa en medio del océano. Los ministros Castells y Subirats nos han comentado que hay problemas de recursos, que estábamos en plena pandemia, en proceso de digitalización… pero el mismo informe del Defensor del Pueblo lo ponía de manifiesto: hay gente que lleva seis años esperando una homologación.
Hay opciones para agilizar estas homologaciones. Por ejemplo, una que había funcionado muy bien en el ámbito de Ciencia Política y de la Administración son las homologaciones parciales. Consistían en homologar el 80-90% de los créditos de una persona titulada migrante. Los créditos restantes, correspondientes a materias centradas en el contexto español, los podía cursar en cualquier universidad, sin tener que esperar ningún proceso extraordinario, y en un semestre o un año ya tenía todos los requisitos formativos necesarios.Otra opción son los reconocimientos calificativos profesionales. En una de las últimas notificaciones de la Secretaría General de las Universidades hacia la ANECA, se recordaba la necesidad de incorporar la experiencia profesional al análisis de los expedientes. Por eso se solicita a cada uno de los graduados homologantes su currículum completo, para tener en cuenta tanto la trayectoria académica como la experiencia profesional.
A fin de cuentas, hace falta voluntad política. Por eso estamos intentando hacer un conjunto de iniciativas que esperamos que puedan resolver o ayudar a resolver este drama por el que está pasando mucha gente, demasiada.
Desde mi punto de vista, con un poco de presión, sensatez e intentando reconducir todas estas malas praxis, esperemos que pueda solventarse. Para ello, como siempre, nosotros estamos al lado de la gente y en la medida que sea posible vamos a seguir apoyándoos.
Pregunta#HomologaciónJustaYA. Es urgente atender la actual vulneración de los derechos de los odontólogos con títulos extranjeros en España.
Desde Odontos Homologantes, cientos de odontólogos con títulos extranjeros en proceso de homologación en España denunciamos la actual situación a la que nos enfrentamos en el país, donde nos encontramos imposibilitados a la hora de ejercer nuestras profesiones.
Desde un inicio, antes de emigrar, aceptamos que existía un proceso de homologación establecido según normativas; sin embargo, ahora nos encontramos con una realidad totalmente diferente en donde hay un cambio constante de las reglas y/o no cumplimiento de las mismas en los procesos de homologación, evidenciando así la falta de garantías en procesos que no se ajustan a las normas establecidas.
Entendiendo que la odontología es una profesión regulada en España, muchos de nosotros iniciamos un proceso legal a partir del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación de estudios extranjeros de educación superior en el marco español. No obstante, hemos visto nuestros procesos imposibilitados.
A pesar de que el artículo 14 del mismo establece un plazo de 6 meses para otorgar una resolución definitiva del expediente de homologación, muchos de los procedimientos realmente tardan 2 o 3 años. Asimismo, existe un grave incumplimiento del Artículo 10, donde se establece un criterio de un exhaustivo análisis de las solicitudes, mientras que la realidad no es así, pues hemos evidenciado cómo profesionales con el mismo plan de estudios que cursaron la carrera en la misma Universidad, obtuvieron resoluciones diferentes. Así, se demuestra una clara falta de criterio y responsabilidad en el análisis de las solicitudes.
Por otra parte, en el año 2020, el colectivo entendió y respetó la situación atravesada por la pandemia a causa de la Covid. Aún así, vimos vulnerados nuestros derechos cuando se reanudaron las convocatorias de homologación para otras carreras universitarias y se realizaron exámenes como el MIR, mientras los odontólogos seguíamos a la deriva debido a que las universidades se excusaron en la situación de la Covid para no abrir convocatorias de exámenes de homologación. Dicho contexto nos ha llevado a la pérdida de tiempo de nuestras resoluciones, que cuentan con un plazo de 6 años para superar los requisitos formativos y, en efecto, la pérdida de oportunidades para superar dichos requisitos.
Así, empezamos una ardua lucha con quejas realizadas a los entes competentes en donde el Ministerio atribuía autonomía a las universidades, mientras las universidades decían esperar instrucciones del Ministerio. Pero, ¿cómo es posible que haya un decreto de homologación que aparentemente ningún organismo público debe cumplir si es cierto que las universidades pueden elegir dar exámenes o no a los candidatos?
Finalmente, cuando obtuvimos la posibilidad de realizar un examen “extraordinario” convocado por la CRADO, Conferencia de Decanos y Responsables Académicos de Facultades y Escuelas de Odontología de España (de la cual se desconoce su personalidad jurídica y sus miembros) el pasado 29 de octubre de 2021, vimos nuestros derechos nuevamente vulneradosa manos de un examen que presentó muchas irregularidades.
Este examen, realizado en múltiples universidades públicas y privadas del país, no respetó los procesos de homologación detallados en la Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan las normas de desarrollo y aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
Este mismo decreto indica que se deberá superar UNA sola prueba de aptitud; sin embargo, la CRADO indicó, contrario a esto, que la prueba consistiría de un doble examen, uno teórico y otro práctico, para muchos de los requisitos formativos asignados. Adicionalmente, se nos informó que las preguntas del examen se basarían en el contenido bibliográfico de todas las universidades participantes, cuyas guías docentes son de acceso público, cuando de hecho se incluyeron preguntas planteadas por fuera de la bibliografía oficial de las citadas instituciones, haciendo imposible tener los conocimientos requeridos para estos exámenes.
Esto, junto a otras irregularidades como la falta de tiempo (contamos con apenas 35 minutos para realizar el examen), el carácter de algunas preguntas hechas sobre la temática COVID, el incumplimiento de tiempos de entregas de resultados, y otros, pone de manifiesto la falta de colaboración por parte de las Autoridades pertinentes para establecer un examen bajo justas normas.
Finalmente nos encontramos con que nadie es el responsable de realizar los exámenes, nadie es el responsable de publicar listas, nadie es el responsable de su corrección, nadie es el responsable de las impugnaciones, nadie posee los exámenes.
Necesitamos que alguien se haga cargo de la vulneración de nuestros derechos.Nuestras homologaciones no llegan y, en caso de que sí lo hagan, cuando llegan vienen condicionadas de la obligación de cumplir requisitos formativos adicionales que implican aún más tiempo y dinero. Solicitamos una pronta subsanación de todas las irregularidades a través de reglas claras en este proceso administrativo, con el objetivo de salir del estado de indefensión que nos encontramos y el perjuicio provocado en cuanto a nuestra pérdida de tiempo, dinero y salud.
Lo establecido por los reales decretos se debe cumplir. Los requisitos arbitrarios a los que fue condicionada nuestra homologación deben parar. Los temas burocráticos no deben truncar más nuestros procesos de homologación. Debe haber una #HomologaciónJustaYA.
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