Cuestiones como ésta, que afectan directamente a la vida de las personas, no son nada fáciles, y hay que aproximarse a ellas sabiendo las dificultades que suponen a la hora de lograr amplios consensos sociales, tan necesarios para legislar sobre ellas. 

El Partido Popular incluía en su programa electoral de 2011 la modificación de la Ley aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero, precisamente porque se hizo sin ningún consenso social. Así, el Gobierno de Rajoy, con la intención de reforzar la protección del derecho a la vida, planteó en 2015 modificar el aspecto en el que sí existía un consenso suficiente: que las menores de edad sólo puedan interrumpir el embarazo con el consentimiento de sus padres o tutores legales, con el fin de devolver a los padres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas.