Tan pronto como empezó la tercera ola del Covid, los centros de atención primaria y los hospitales se volvieron a ver desbordados. Más de dos años después de que empezó la crisis sanitaria, parece que, a pesar de los avances, al final volvemos a encontrarnos en el mismo punto de partida. ¿Por qué?

Con la crisis de 2008, se desató una década de recortes en la sanidad pública que fueron calificados por Amnistía Internacional como una vulneración del derecho al disfrute de la salud física y mental de la mayor calidad posible para todos los ciudadanos. En 2013, el gasto en sanidad fue el más bajo desde que empezó la crisis y aunque las cifras empezaron a crecer a partir de 2014, nunca se llegó a recuperar los niveles previos a 2009. 

Desde el inicio de esta crisis hasta 2018, se pasó de un gasto de 75.527 millones de euros en la sanidad pública a 68.270 millones, representando un 8,87% del PIB, mientras que los países más aventajados de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Holanda o Suecia, el gasto era de un 10% del PIB. La caída de inversiones en los sistemas públicos se dio al mismo tiempo en el que el gasto del sector privado iba en aumento. Según los datos del Ministerio de Sanidad, durante estos años de la pasada crisis, en porcentajes del PIB, el gasto en la sanidad pública se redujo casi un 10%, mientras que el gasto privado aumentó en un 18%. Durante todos estos años, las deficiencias del sistema público han obligado a muchas personas a pasarse a la privada con el fin de hacer negocio jugando con la salud de todos los españoles. Esta estrategia ha hecho que más de la mitad de los hospitales que hay en el país pertenezcan al sector privado.  

Ahora, los colapsos en los hospitales, las largas listas de espera, la incidencia acumulada, los tratamientos que se posponen y la saturación de los centros privados, son la consecuencia obvia de más de diez años de recortes en sanidad. Han creado una situación de vulnerabilidad en la que nuestros sistemas públicos no están preparados para afrontar una pandemia, y esto es lo que causó, desde el primer momento, que los hospitales se desbordaran y no hubiera medios para atender a todo el mundo. 

Sin embargo, a día de hoy hemos tenido dos años para comprender que este era el origen de la crisis sanitaria, y que la solución para afrontar las siguientes olas y variantes del Covid era reforzar la atención primaria y promover una vacunación masiva. Más del 80% de la población está vacunada y seguimos con medidas restrictivas de aforo y de mascarilla obligatoria en interiores y exteriores, pero algo está fallando en la ecuación. El problema es que sin que se fortalezca la sanidad, el resto de las medidas no son suficientes para garantizar la seguridad frente al virus y una atención médica de calidad. 

La competencia de sanidad está traspasada a los gobiernos de las comunidades autónomas y la mayor parte del gasto del Sistema Nacional de Salud lo gestionan las autonomías. Esta gestión, por ejemplo, en Madrid, ha sido el despido de casi 9.800 sanitarios y en Andalucía de 8.000 (dos comunidades gobernadas con el PP), desmantelando la sanidad en el momento en el que más se necesita. Los puestos de trabajo que se crearon al inicio de la pandemia se han ido destruyendo, a pesar de que se necesitan más de 60.000 sanitarios todavía para estar cerca de la media de los países europeos.

A todo ello se le suma la situación de escasez de prueba de antígenos que estamos viviendo durante las últimas semanas y como resultado de la demanda, precios desproporcionados. Muchos cuestan ya más de 10 euros, mientras que en Europa no llegan ni a 3. En nuestro país vecino, Portugal, los test de antígenos cuestan dos euros, e incluso en Alemania, todos tienen acceso a hacerse un test gratis por semana. Pero en España no es así, y la falta de la regulación de los precios ha llevado a un mercado negro en el que se venden test de antígenos en tiendas online de segunda mano. 

Ante la escasez de un producto que es hoy de primera necesidad, el libre mercado establece precios abusivos. Es el mercado, amigo, que diría Rodrigo Rato. Y como resultado, tenemos la aparición del mercadeo ilegal y la exclusión de muchísima gente de su uso. Por eso ahora toca regular el precio de los test de antígenos, igual que se hizo en su momento con las mascarillas.

Superar esta crisis no solamente requiere responsabilidad ciudadana, sino también un compromiso por parte de las instituciones. Un compromiso con la sanidad pública, para reforzarla con una mayor inversión. Con los sanitarios, para progresar en las condiciones de precariedad laboral en que llevan años trabajando. Y con los ciudadanos, para asegurar que la sanidad no sea un privilegio y que nadie quede fuera.

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