En España la asistencia sanitaria es Universal, pero la Comunidad de Madrid está negando el tratamiento a inmigrantes con VIH. No es un caso aislado, es algo que vienen denunciando y gestionando las ONG desde hace tiempo. 

Desde que la Comunidad hizo público el procedimiento para regular el acceso de este colectivo a la sanidad pública, las ONG no han parado de recibir casos. Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que aseguraba una sanidad pública a las personas sin papeles, esta dejaba varios vacíos legales en la práctica, ofreciendo a los gobiernos autonómicos la posibilidad de imponer todo tipo de trampas burocráticas para impedir la atención a las personas migrantes, sobre todo aquellas que llevan menos de 3 meses en España o no han podido empadronarse aún. Después de 3 años sin un procedimiento específico, la Comunidad de Madrid publicó la pasada semana los requisitos exigidos para solicitar el Documento DASE, que da acceso a la salud pública a estas personas. A estas se les exige llevar al menos tres meses empadronado en España, sin excepciones, ignorando totalmente la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable, pueden tener acceso a la sanidad. 

Y es que, como es bien sabido, para un inmigrante sin papeles empadronarse no es tarea fácil. En el mejor de los casos, todo el papeleo se traduce en cinco o seis meses hasta que pueden comenzar a recibir el tratamiento. Además, muchas personas migran a Europa desde sus países de origen sólo para poder recibir el tratamiento y se encuentran con esta situación, que es peligrosísima. Una persona infectada por VIH, si se medica, queda en un estado de indetectabilidad, lo que impide infectar a otras personas. Si se deja de medicar, el virus vuelve a replicar, pudiendo de nuevo infectar a otras personas. Las personas migrantes suelen ser las más vulnerables y las que llegan más tarde al tratamiento por su situación social, provocando un gran número de diagnosticos tardiós. En el caso de interrumpir el tratamiento, como explicábamos, aumenta la carga viral y, aunque no bajen inmediatamente las defensas, sí hace que sean más propensas a otras infecciones.

Como denunciaba la Red Solidaria de Acogida  hace unos días, la Comunidad de Madrid está actualmente cruzando la base de datos de tarjeta sanitaria con datos de extranjería, dando de baja a personas sin permiso de residencia que siguen teniendo derecho a la asistencia sanitaria. Sólo pueden dar de baja a las personas que hayan conseguido permiso, por lo que deberían solicitar asistencia a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o a aquellas que tengan algún problema que solucionar con la documentación. Si no se dan ninguna de estas dos situaciones previas, la baja en el sistema es ARBITRARIA e ILEGAL.

La Red denuncia que se están encontrando casos de personas que llevan tres años dadas de alta en el sistema sanitario como DAR, y han sido dados de baja porque "ya deberían haber pedido un permiso de residencia". En términos legales, estas personas siguen sin tener un permiso de residencia y les corresponde un alta determinada en el sistema sanitario. Por eso, impedir el acceso a personas con VIH al tratamiento provoca un problema de salud pública. Si estás en tratamiento eres indetectable y no lo puedes transmitir. Sin tratamiento, el VIH se seguirá expandiendo. 

A través de esta petición quiero pedir a la Comunidad de Madrid, como colegiado, que formalice un manifiesto oficial y que de las explicaciones pertinentes. Es intolerable que se vulnere el derecho a la salud de las personas migrantes, que son las más vulnerables. Por el acceso universal a la Salud independientemente de la situación administrativa. ¡Derecho a la salud para todas! ¡No más exclusión sanitaria!