Como activista política en las redes sociales, me paso el día escuchando o leyendo frases como: “los MENAS son un problema para la sociedad”; “la mujer no tiene que tener una protección más amplia por ser mujer que la de los menores, hombres u homosexuales”; “hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora estos colectivos impongan su ley”. Estos son solo unos pocos ejemplos utilizados en los discursos de odio lanzados por la ultraderecha en España. Como consecuencia, han aumentado considerablemente los ataques racistas, las agresiones homófobas y se está normalizando contar una nueva víctima de violencia de machista al día.

Estos discursos de odio están siendo blanqueados por los medios de comunicación y grandes empresas que los financian. El odio, el racismo y la homofobia entre otras cosas, no han tenido tanta representación en el Congreso de los Diputados desde la muerte de Franco, hasta que llegó la nueva ultraderecha y consiguió en las pasadas elecciones nada menos que 52 escaños, fruto de sus discursos de odio que han calado hondo en aquellos nostálgicos del franquismo y obreros manipulados por los medios de comunicación partidistas. 

Ahora tenemos a una parte de la sociedad española odiando a un Menor Extranjero No Acompañado sin pensar en ningún momento que no dejan de ser menores de edad que huyen del hambre y la miseria, y muchos de ellos se dejan la vida en el intento. También, han conseguido normalizar algo tan dramático como la violencia machista con el hecho de negar la misma cuando en lo que va de año tenemos 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Por no hablar de la homofobia, el odio y las agresiones hacia el colectivo LGTBI+ que ha aumentado de forma notoria, sobre todo, entre los más jóvenes. Solo hay que recordar el caso de Samuel que ha sido asesinado por adolescentes a gritos de “maricón”. Los discursos de odio han conseguido que el hecho de amar a una persona, independientemente de su género o raza, sea un motivo más que suficiente para agredir, insultar o matar a otra persona.

Muchos activistas políticos, tanto en las redes como en las calles, luchamos a diario para combatir y frenar el auge de la ultraderecha y lo que sus discursos de odio suponen para nuestra sociedad, pero de poco sirve si desde las instituciones no se evita la inclusión de la ultraderecha en los aparatos del Estado, empezando por los más sensibles como las fuerzas de seguridad y terminando por la justicia. 

Asimismo, los partidos democráticos tienen que poner en marcha cordones sanitarios para impedir el ingreso de la extrema derecha en los gobiernos y las instituciones. Además, las instituciones comunitarias deberían agilizar los trámites para poder actuar contra un gobierno que no respeta el Estado de Derecho y se debe promover la investigación de las conductas antidemocráticas, ilegales o alegales de las formaciones de ultraderecha.

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