Leo nació en 2014, con paraplejia. Como el caso de Leo solo se conocen otros dos y, sinceramente, yo fui la única madre en esta situación que tuvo la suerte de conocer el estado en el que venía mi hijo desde el embarazo. En todas las ecografías el diagnostico para Leo era el de nacer con daños cerebrales, sin riñones y con una perspectiva de vida de dos días. 

Leo nació prematuro, con 7 meses de gestación y pesó 1 kilo. La situación no era muy prometedora, pero el niño salía adelante. Sus riñones resultaron funcionales y le faltan las vértebras lumbares, por lo que no tiene movimiento -aunque sí sensibilidad- de costillas para abajo. Sin embargo, Leo, pese a su discapacidad, es un niño plenamente funcional, inteligente e independiente y ha vapuleado el diagnóstico que le pronosticaron antes de que naciera.

Cuando el niño tenía seis meses su padre se buscó un trabajo a 600 kilómetros y no volvió a aparecer en otros seis, por lo que decidimos separarnos. Desde entonces no nos pasa la pensión. Para colmo, en 2018, sufrí una sepsis que por poco me lleva por delante y que, dentro de lo malo, tengo que dar gracias a que solo me dejara tocados los riñones, por lo que, en caso de no encontrar un donante de riñón, me voy a encontrar ligada a la máquina de diálisis toda mi vida. Sin embargo, el principal problema de la enfermedad renal terminal que tengo es el cansancio que genera, por lo que a veces me cuesta ocuparme de Leo.

Mi situación es complicada, pero por suerte, tengo a mi pareja y a mi familia, que nos quieren y nos apoyan a Leo y a mí a cada paso que damos. Sin embargo, me pongo en la piel de las mujeres que han tenido un niño como Leo, que puede que sean madres solteras, con los gastos que genera el material específico de nuestros hijos. A mí la comunidad de Madrid me da una ayuda de un máximo de 380 euros, cuando cada silla de ruedas para Leo cuesta 3.000 euros, y cada cojín adaptado, 750. 

Por suerte, yo cuento la sempiterna ayuda de los míos, pero no en todos los casos es así. Por eso pido al Congreso de los Diputados que se tenga en cuenta la situación familiar de los niños con estas características y que se otorguen ayudas en consecuencia a dicha situación. Por otro lado, también me gustaría una mayor efectividad a la hora de comprobar los pagos de las pensiones por parte de los progenitores a sus hijos. ¿No se establece en el Código Civil el derecho a alimentos para los menores de edad? Si esto no se cumple, ¿son entonces las leyes españolas algo más que papel mojado?