Estimada Raquel:

Las competencias de este servicio, aunque se prestan por parte del Ayuntamiento a través de empresas privadas, afectan tanto a la administración autonómica como la central. Por ese motivo, nuestro objetivo es exigir al gobierno de la Junta de Andalucía la adecuada financiación de los servicios prestados para poder cubrir y atender las necesidades reales de los vecinos.

Pero no solo eso: los plazos actuales para la valoración de las personas que puedan necesitar una prestación son inasumibles. Eso implica una mejora de los servicios sociales del propio Ayuntamiento, así como una coordinación más eficaz con la Junta de Andalucía que permita decretar las resoluciones relativas a Ley de Dependencia en un plazo aceptable.

Se trata, por tanto, de actuaciones que vayan más allá de disponer de más personas trabajando en la prestación de este servicio, sino de que toda la tramitación y resolución se hagan en plazos mínimamente aceptables, muy lejos, desde luego, de los tiempos actuales.

Para que ello sea posible, hace falta una financiación que desde la Administración General del Estado como desde la Junta de Andalucía no ha existido en la cuantía necesaria. Y no es que falten, como se nos ha repetido en estos años, recursos, sino que se han empleado de un modo que ha olvidado deliberadamente a las personas más necesitadas.

Es por ello que llevamos años defendiendo la igualdad en la prestación de servicios básicos, con una financiación suficiente y que atienda a las personas que los precisan. Entendemos que se trata de políticas que deben acometerse desde todas las administraciones, y es uno de nuestros objetivos a desarrollar cuando entremos en el Ayuntamiento de Málaga, en lo que afecta a la administración local.