¡Hola! Soy Marta, catalana viviendo en Sevilla y estoy recuperándome de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) que padezco desde pequeña. Inicio esta petición para pedir a las instituciones una mayor y mejor atención pública a la salud mental y a las personas que la padecemos. 

Empecé con síntomas relacionados al TCA, con 12 años, incluso antes, con 7 años fue la primera vez que me provoqué vómito, aunque, no fue hasta los 18 años cuando recibí un diagnóstico. Durante esos años lo llevé todo yo sola en silencio, iba por rachas. A los 18 años yo misma me decidí a ir al médico y me diagnosticaron bulimia y me pusieron en tratamiento. 

El tratamiento consistía básicamente en antidepresivos y pastillas para dormir y también me llevaron a salud mental donde me asignaron una atención psicológica y psiquiátrica. Las consultas eran demasiado espaciadas y la atención no era totalmente completa, por lo que lo dejé. No fue hasta los 27 años que ya me diagnosticaron anorexia y trastorno de la conducta alimentaria no especificado y me ingresaron porque la situación era insostenible, adelgacé 15 kg en un mes. 

A los 27 años estuve 5 meses ingresada y fue ahí cuando todo mi entorno se enteró de lo que me pasaba, porque hasta el momento yo me lo había guardado. Llevaba más de 15 años sin que supieran lo que me ocurría. En ese momento mi situación era muy crítica y era inevitable que no lo supieran. De hecho el médico dijo que me moría, que podía entrar en coma en cualquier momento. Sin embargo, por problemas administrativos mi ingreso se demoró más de lo que debía y estuve a punto de ir a la sanidad privada pero mi insistencia hizo que pudiera ir a un hospital público. 

En esos 5 meses de ingreso aprendí mucho y mejoré. Sin embargo, cuando me dieron el alta falleció mi abuelo y tuve una recaída y fui a un hospital de día con terapias de grupo y atención psiquiátrica. Además, continuaba con las consultas en salud mental pero estaban demasiado espaciadas. 

Ante esta situación que he vivido pido al Parlamento de Cataluña que se destinen más recursos a la atención de la salud mental en la sanidad pública y que se mejore la calidad de la atención psicológica y psiquiátrica que se ofrece en los servicios sanitarios públicos.