Una profunda reforma fiscal y un nuevo enfoque para los Presupuestos Generales del Estado.
Hola, somos Sara Solano y Miguel Ángel Vázquez respondiendo desde este perfil. Desde nuestro punto de vista y desde la perspectiva de las personas que formamos la candidatura Revolución de la Fraternidad, no estando de acuerdo con el enfoque con el que se ha planteado la pregunta, creemos que la igualdad pasa por una profunda revisión de la fiscalidad y por un nuevo enfoque para los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cómo?:
Reorientando los Presupuestos Generales del Estado desde la perspectiva del impacto social de los mismos; el compromiso por unos presupuestos justos:
Demandamos una reestructuración, profunda y global, del concepto de protección y promoción social. Sin negar la necesidad de acciones reforzadas dirigidas a determinados colectivos, la protección y promoción social debe dirigirse, y alcanzar, a toda la sociedad. Consideramos que es de justicia garantizar a todas las personas un nivel de vida digno y, por ello, demandamos que se adopten medidas de carácter urgente que permitan a todos los desempleados/as disfrutar de la necesaria autonomía personal. Para hacer realidad esta política proponemos:
- Un gasto en protección y promoción social de 10.700 millones, con 2.500 millones para promoción social (igualdad de oportunidades, juventud, infancia y familia y prevención de la violencia de género), 3.000 millones en servicios sociales (prestaciones sanitarias, asistenciales y sociales) y 5.100 millones en acción social (migrantes, drogodependencia).
- Incrementar el presupuesto de 2016 en 2.8 millones de euros para garantizar una prestación mínima de 600 €/mes, tanto para el subsidio como para la renta activa de inserción y el subsidio para eventuales agrarios. En 2017, el objetivo es incrementarlo a 630 €/mes.
- Desarrollar la renta activa de reinserción para alcanzar nuevos beneficiarios, priorizando las situaciones de riesgo de pobreza. El objetivo es que todos los hogares se encuentren fuera del riesgo de pobreza.
- Igualmente, se propone compatibilizar las prestaciones o subsidios con trabajos sociales o en empresas, donde la prestación se complementará con salario. La condición indispensable es que la empresa o entidad tenga suscrito un compromiso de responsabilidad social y presente anualmente un balance social.
- Avanzar en diseño de una política de garantía de ingresos universal como forma de eliminar los esquemas de estigmatización y culpabilización de la pobreza que tienen muchos de los sistemas de garantía de ingresos existentes, muy fragmentados y en ocasiones poco eficientes. Iniciando con una renta básica para la infancia, en el que el menor sería el titular del derecho.
Aumentando los ingresos públicos, a través de una adecuada política de lucha contra el fraude complementada por una política tributaria redistributiva:
Para conseguir el incremento presupuestario compatible con unos presupuestos socialmente justos, es necesario establecer una nueva política redistributiva de los ingresos. El incremento presupuestario necesario se conseguirá acudiendo a las siguientes medidas:
- Reformar los impuestos, dando un mayor peso a los impuestos directos sobre la renta: patrimonio, impuesto de sociedades e IRPF y aquellos que desincentivan las prácticas ambiental o cívicamente insostenibles y reduciendo el peso de los impuestos indirectos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en ámbitos esenciales y que generan bienestar compartido. Incluir una revisión de los productos a los que se aplican los tipos reducido y super-reducido de IVA para que respondan realmente a productos de primera necesidad (o para aplicar un tipo reducido a los productos culturales) para de esta forma ir caminando hacia la posibilidad de introducir también cierta progresividad en los impuestos indirectos.
- Implantar el impuesto sobre transacciones financieras (ITF). En los presupuestos del año 2012, desde M+J hacíamos un llamamiento al Gobierno para que defendiera ante la UE la necesidad de la aprobación del impuesto de transacciones financieras, con la mayor urgencia posible. No obstante, hasta que la UE lo desarrolle, el Gobierno debe establecer, al igual que ha hecho Francia, un ITF aplicable a las transacciones financieras realizadas en España. Tal como está actualmente diseñado por la UE, se calcula que el ITF recaudaría unos 6.000 millones de euros, aplicando un 0,1% sobre las transacciones ordinarias y un 0,01% sobre los productos financieros derivados. Dada la situación económica en la que nos encontramos y la falta de aplicación de este impuesto en el ejercicio anterior, no queda más remedio que aplicar, durante 2016, unas tasas de emergencia del 0,2% y del 0,02%, respectivamente, que permitan garantizar una recaudación mínima de 12.000 millones de euros. Estas tasas se revisaran durante el ejercicio para conseguir cumplir con los objetivos recaudatorios previstos.
- Establecer un impuesto del 0,5% sobre el balance final de los bancos. La positiva experiencia llevada a cabo por el gobierno sueco en el año 2009, estableciendo un 0,036% sobre el balance final de los bancos que rindió unos ingresos anuales equivalentes al 1% del PIB, puede reproducirse en nuestro país. El balance consolidado de la banca en España, se sitúo en 2012 algo por encima de los 1.600.000 millones de euros. Considerando que la situación económica exige un esfuerzo solidario, incluso del sistema financiero, debe exigirse, de forma transitoria, un impuesto sobre el balance final de los bancos del 0,5%. Este impuesto se reducirá, según mejore el déficit español, hasta situarse definitivamente en el 0,05%. Se trataría de recaudar, en 2016, una cantidad aproximada de 8.000 millones. Con estos ingresos, situados en el entorno de los 20.000 millones de euros adicionales, pueden cubrirse las nuevas necesidades identificadas para la política de protección y promoción social,
- Desarrollar una adecuada política de lucha contra el fraude; poniendo en marcha un verdadero y decidido programa de lucha contra el fraude a todos los niveles, fiscal, económico y laboral, empezando por donde mayores bolsas de fraude existen y dotándolo de los medios económicos y humanos necesarios.
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Una de las claves para unir España es crear riqueza y puestos de trabajo en autonomías como Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia... Para que la dependencia de estos hacia otras comunidades sea menor. No puede ser que haya tanta economía sumergida, tanta gente viviendo del paro, y que eso lo paquen y lo perpetuen los catalanes. Solidaridad sí, pero perpetuación de este modo de vida no. Y ahí tienen mucho que decir y hacer los gobernantes.