Es necesario que la administración comience a dar respuestas a los cientos de trabajadores y trabajadoras afectadas por la adjudicación de servicios públicos al empresario Miguel Ángel Ramírez, accionista mayoritario de empresas como Seguridad Integral Canaria o Grupo Ralons que ya adeudan más de 4 nóminas de salarios a sus empleados.

Existe una innegable relación entre el empresario y el grupo político del Partido Popular y es hora que una comisión de investigación esclarezca que tipo de gestión por parte de la administración es la que ha derivado en los impagos a los trabajadores y en quién se debería de depurar responsabilidades.

Nadie se responsabiliza, nadie adelanta las nóminas adeduadas, pero las trabajadoras y trabajadores tienen que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo para cumplir con unos servicios mínimos.

Trabajar de forma forzosa y sin remuneración tiene un nombre, exclavitud,