En los últimos tres años ha habido un crecimiento del 27% de la población que se considera ‘veggie’, alcanzando ya al 10% de la población, según un estudio de la consultora Lantern. Eso equivale a más de 4 millones de personas en todo el territorio español.

Los motivos que alegan los españoles y españolas para adoptar una alimentación eminentemente vegetal son principalmente, la conciencia medioambiental, conciencia sobre el bienestar animal y preocupación por la salud y bienestar personal. Exceptuando el último punto, podemos afirmar que los motivos son eminentemente de corte ético e ideológico, por lo que la reivindicación está recogida dentro de los derechos protegidos por el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

España es uno de los estados firmantes del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,desde 1977, un tratado multilateral general que, reconoce los derechos de todas las personas “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Dichos derechos “sólo pueden ser limitado por la ley, de manera compatible con la naturaleza de los derechos, y sólo con el fin de "promover el bienestar general en una sociedad democrática”. 

Además, este Pacto Internacional obliga a los Estados partícipes a “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena realización y satisfacción de los derechos aquí reconocidos”.

El sector privado hace ya varios años que es consciente de este cambio social. No es casualidad que se hayan multiplicado por 5 el número de restaurantes 100% vegetales y por 10 el número de restaurantes que afirman haber incorporado opciones veganas a sus menús. También han surgido decenas de ‘StartUp’ de fabricación de productos 100% vegetales, destacando entre ellos la empresa catalana HEÜRA, quienes recientemente han conseguido una histórica ronda de inversión de 4 millones de euros y se ha posicionado como la startup de mayor crecimiento en la industria de la "carne" 100% vegetal de toda Europa, con un aumento del 450% en el último año.

Pero esta realidad social no se ha visto reflejada en la defensa de los derechos de las personas vegetarianas y veganas en el ámbito de lo público. Concretamente se echa en falta la oferta pública y de calidad de menús adaptados a las personas vegetarianas y veganas en los comedores y servicios de ‘catering’ de todos los centros públicos, a saber:

• Colegios, institutos y universidades
• Centros médicos y hospitales donde existan personas ingresadas
• Centros penitenciarios y de menores
• Otros centros públicos donde, ya sean los usuarios, ya los trabajadores de dichos centros, deseen optar por un menú acorde a sus principios éticos.

De hecho, como ya ha quedado constatado que los motivos del veganismo son ideológicos y éticos, podemos afirmar que el veganismo está amparado por el artículo 18 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” donde especifica que está prohibido imponer políticas o prácticas que puedan perjudicar el derecho de libertad de conciencia. Por lo tanto, si el Estado Español no es capaz de ofrecer alternativas adaptadas a los ciudadanos y ciudadanas de este país que presentan objeciones a las dietas convencionales por motivos éticos e ideológicos, estará incurriendo en una violación de este tratado.

También es importante recalcar que este tipo de alimentación es totalmente saludable y apta para cualquier etapa de la vida de una persona, incluyendo el embarazo, la lactancia, la niñez, adolescencia, vejez e, incluso, para deportistas de élite, como así lo atestiguan las mayores asociaciones de nutrición y dietética del mundo.

Es por ello que, las personas, asociaciones y organizaciones firmantes, solicitamos al Congreso de los Diputados que se promulgue una Ley dentro del marco de las políticas sociales, de igualdad y de inclusión, que otorgue a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país el legítimo derecho de escoger un menú acorde a sus principios éticos, un menú 100% vegetal sano y equilibrado.

Puedes leer el manifiesto completo aquí.