Una verdadera ley de transparencia y una voluntad política que se encargue de cumplirla. Hemos visto cómo muchos contratos públicos van a parar a empresas afines, cómo la publicidad institucional compra portadas de periódicos, se acortan plazos para presentar proyectos y hay irregularidades en procesos de adjudicaciones de grandes obras públicas. Nosotros proponemos una auditoría para examinar dónde ha ido el dinero público como primer paso para cambiar la forma de gestionarlo