Ayer tuvo lugar la paralización del lanzamiento de 17 familias de Arganzuela que viven en un edificio de la propiedad de SAREB. Estos, tras coordinarse con los servicios sociales municipales, han acordado ofrecer un alquiler social en el mismo edificio a 9 de las 17 familias; para las otras 8 el proceso de desahucio seguirá su curso. Los afectados son más de 50 vecinos, 10 de ellos menores. 

La inmobiliaria propietaria del edificio de la calle de Cáceres número 7 quebró a principios de 2015 y, antes de desaparecer, les aseguró que dejaría de cobrarles. Era un administrador de la entidad que vivía en el mismo edificio el que cobraba los pagos cada mes en metálico y emitía los recibos. Esta persona desapareció y dejó a estas 30 familias sin saber qué hacer. Ahora, cinco años después, 17 de ellas se enfrentan a un desahucio, a pesar de que según el Real Decreto 37/2020 mientras duren los efectos de la pandemia no se puede llevar a cabo ningún desahucio, algo que para nada se está cumpliendo. Se está echando a familias a la calle en medio de una crisis sanitaria, económica y social.

Estas personas no son okupas, son familias que han pagado y que se ahora se ven en esta situación tan injusta. Reclaman hacer válidos los contratos de alquiler que tenían en vigor cuando el casero se arruinó. Desde de Plataforma de Stop Desahucios hemos presentado papeles  al juzgado, a los servicios sociales, y a una gestora de la SAREB para justificar que estas personas, todas, son vulnerables y que tienen derecho a acceder a una vivienda social.

Aún hay 8 familias en riesgo y vamos a luchar para que no se produzca el desahucio de ninguna de ellas. Exigimos que se les de una solución a todas y a cada una de las familias del edificio, sin excepción ninguna.