No hay ninguna estafa por parte de Navarra al estado en el tema conocido como IVA de Volwagen. Navarra, que tiene competencias propias en materia fiscal (ahora objeto de repetido ataque por parte del poder central de unas algunos políticos/as o de fuerzas políticas centralistas), pero Navarra no tiene competencias en materia de comercio internacional. El absurdo llega a que un coche que se fabrica en Pamplona y se vende en Sevilla paga IVA a Navarra, pero si se vende en Praga no.
 
Hay una cuestión profunda y difícil y es que el IVA correspondiente a las exportaciones, incluidas las ventas en la UE, hay que compensarlas con las importaciones con destino en Navarra, porque ese es el sentido dela "devolución del IVA" a las exportaciones.
 
Más aún; si la cuestión fuese simplemente que hay que devolver el IVA a quién exporta, las autonomías netamente exportadoras o simplemente con balanza de comercio internacional positiva se verían desfavorecidas.
 
Navarra tiene que cobrar el IVA de lo que se produce en Navarra y se vende tanto en el mercado interior como en el exterior y de ello ha de descontarse lo correspondiente a las importaciones con destino en el consumo de Navarra.
 
La inspección central -y la Agencia central- incurren en la contradicción de "cargar" sobre Navarra el peso financiero de las exportaciones de lo producido en Navarra, como si Navarra fuese independiente.... que aún no lo es.
 
Finalmente hay que decir que el Gobierno de Navarra cometió un error en el acuerdo de 7-5-2012, cuando Dª Yolanda Barcina, por buscar una solución intermedia o componedora, aceptó pagar 25 millones de euros al año con cargo a esta cuestión. Este tema está en la Audiencia Nacional. El periodo 2007-2011 lo van a recurrir al Supremo y el Gobierno de UPN de Barcina se ha demostrado incapaz de defender los derechos de Navarra, llegando incluso a la confrontación contra el centralismo, tal como en este caso es imprescindible.
 
El enemigo de los derechos históricos o fueros es el centralismo y su actualización democrática es el derecho a decidir, tal como lo demuestran Eskozia y Cataluña, a quienes ahora se prometen derechos fiscales, hacendísticos y económicos, que durante decenios se les han negado.