El Personal Técnico Subcontratado en Integración Social de los colegios públicos de Andalucía nos movilizamos ante los continuados retrasos en los pagos de nuestros salarios. Desde octubre del año pasado venimos con retrasos en los pagos pudiendo llegar a cobrar el 26 del mes en curso o incluso en dos ingresos. Por ejemplo, en el mes de marzo cobramos el día 10 y el día 18. 

Somos personal de suma importancia que trabajamos en un centro público de manera ilegal. La Junta de Andalucía subcontrata nuestros servicios a empresas externas que se basan en un modelo de negocio en el que nos contratan y despiden a su antojo en los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, verano…). Es debido a esta precariedad laboral que estamos sufriendo todos los trabajadores que pusimos en marcha un movimiento sindical para luchar contra este abuso.

Además, la empresa por la que a día de hoy estamos subcontratados y que lleva dos años con nosotros, no nos ha abonado la compensación anual ni la subida salarial que fue publicada en marzo de este año. Ahora llega el periodo vacacional y, como ya ocurrió el pasado año, prevemos que haya también un retraso en el pago de nuestros salarios correspondientes a las vacaciones de este año. 

Somos trabajadores que vivimos de nuestros sueldos, que tenemos personas a nuestro cargo y que lo único que exigimos es cobrar el dinero que nos corresponde a tiempo, ya que es un derecho básico. Las circunstancias precarias que estamos viviendo no son solo a nivel económico. La empresa no nos coge el teléfono, no nos responde a los emails ni atiende nuestras necesidades. Por ello queremos dirigirnos a los miembros del Parlamento de Andalucía. Exigimos que el pago de nuestras nóminas se haga como a cualquier trabajador, entre el 1 y el 5 de cada mes. Somos un colectivo que está trabajando en un colegio público, con material público y que asistimos a reuniones, tutorías de evaluación… somos parte del personal esencial del colegio, pero no se nos reconoce como tal. Tratamos con niños con necesidades especiales y en circunstancias muy complicadas y, con esta situación laboral, nos sentimos desbordados. Por eso es fundamental poner fin a esta cesión ilegal y que la Junta de Andalucía nos asuma como personal laboral.