La Plataforma Sociosanitaria del SAD de Asturias llevamos desde el año 2000 luchando por una mejora de nuestras condiciones laborales, siendo el principal problema la privatización de los cuidados. Damos un servicio de titularidad pública de manera externalizada, lo que hace que la calidad de los cuidados que ofrecemos y nuestra propia calidad como trabajadoras empeore día a día. 

El SAD está en manos de grandes empresarios que ven a los usuarios como clientes y a las trabajadoras como meros números. Vamos rodando de empresa en empresa según las licitaciones de la contratación administrativa de los Ayuntamientos. Estas empresas no cumplen los convenios ni los pliegos de condiciones. Las administraciones no están haciendo un seguimiento de esos incumplimientos y, a pesar de ser conscientes de esta situación, no ejercen un papel sancionador. 

Creemos que desde la administración se debería hacer una mesa de reflexión con respecto a este sector en la que se valore el volverlo a incluir dentro de la titularidad y hacer una empresa municipal o de gestión directa, empezando a tener los cuidados como lo que son, el 4º pilar del bienestar social. En este sector nos enfrentamos a un reto muy grande: la población cada vez está más envejecida y la profesión resulta muy poco atractiva para quien la estudie o la contemple como una opción de trabajo. Tenemos malas condiciones laborales, malos salarios, malos horarios… sufrimos un abandono total. 

Una de nuestras reivindicaciones más importantes es que no estamos incluidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, motivo por el que nos vimos obligadas a acampar ante el Ministerio de Trabajo. Hay una colisión entre dos derechos fundamentales. Nosotras no tenemos evaluación de prevención de riesgos en los domicilios porque no se considera que dichos domicilios sean nuestro lugar de trabajo. Anteponen el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio al derecho a la protección de la vida de las personas que trabajamos en ese domicilio. Por ello, no se pueden relacionar ni los accidentes laborales ni las enfermedades profesionales con aquellos riesgos que corremos al ejercer nuestra labor. 

Por tanto, las trabajadoras del SAD no tenemos ninguna enfermedad profesional ni un epígrafe de reducción de la edad de jubilación por la actividad que realizamos. También hemos sido excluidas de la enfermedad profesional por COVID a pesar de ser el 2º sector, tras el sanitario, en el que más contagios hubo. Todo lo que sufrimos se cataloga como enfermedad común y no tenemos ninguna enfermedad profesional reconocida. Somos el colectivo con peor salud, pero sin accidentes o enfermedades relacionadas con la actividad que realizamos. Nuestra vida laboral nunca termina por jubilación si no por despido de las mutuas a causa de nuestras lesiones.

Las instituciones están mirando únicamente por el bien de las grandes empresas y están descuidando a las cuidadoras y a los usuarios/as. Por ello nos queremos dirigir a los miembros de la Junta General del Principado de Asturias. Exigimos que se haga una política en la que se apueste por lo público y que, de igual forma que la sanidad, el sector de los cuidados lo tengan como una prestación pública y universal para todo el mundo y que sea gestionado de manera pública.