En primer lugar hay que señalar que el Ministerio con ésta decisión, además de poder incurrir en un delito de prevaricación, está cometiendo una gran injusticia. Está incumpliendo su propia legalidad, pues solo con una sentencia en firme se puede afirmar que alguien pertenece a ETA, y aquí estamos hablando de familiares de víctimas del terrorismo del GAL, del Batallón Vasco Español, del terrorismo de Estado en definitiva, que no sólo no han sido condenadas por ser de ETA, sino ni siquiera imputadas.

En segundo lugar el Gobierno Rajoy, a través del Ministro de Interior, está lanzando a la sociedad un mensaje inadmisible en democracia: que hay  terrorismo  bueno y terrorismo malo. Al aplicar la doble vara de medir, está perpetuando la idea -que triunfó en la década de los setenta, ochenta y noventa- de que el terrorismo de estado es admisible e incluso justificable. Y esto no es teoría, ahora mismo se está aplicando una doble vara de medir: más generosa para los condenados por terrorismo de Estado, torturas o excesos policiales; y más vengativa para los condenados -a veces injustamente- por pertenencia o colaboración con ETA y, sobre todo, para quienes ni siquiera han sido condenados. Mientras el Ministro de Interior retira las ayudas a cerca de cincuenta víctimas del GAL, del Batallón Vaco Español o de otros actos de terrorismo de Estado, un condenado en el caso GAL percibe mensualmente un subsidio del Congreso de los Diputados. Con este dato no pretendo que se le retire a esa persona el subsidio -siempre he defendido que debe prevalecer el principio de humanidad que garantice que todas las personas puedan vivir con dignidad- sino subrayar la grave contradicción y, sobre todo, la gran injusticia que supone que condenados por terrorismo de Estado con sentencia firme puedan acceder a subsidios del Estado y que a personas que no han sido condenadas, que no han cometido ningún delito y que han sufrido la injusticia del terrorismo de Estado que las ha convertido en víctimas, se les retire las ayudas que la Ley les otorga.

Y en tercer lugar, diga lo que diga o pretenda el Gobierno Rajoy, ésta decisión va a causar un nuevo daño innecesario a las víctimas del terrorismo, a todas: a las que ahora se les deniega lo que les corresponde y a las que se pretende desagraviar olvidándose que nunca una injusticia se repara con otra injusticia. Lo que ahora se vende, sin que se corresponda con la realidad, como un acto de justicia y reparación a las víctimas, se convertirá en un nuevo agravio que les causará nuevo dolor cuando los Tribunales de Justicia anulen esta injusta decisión adoptada y aplicada por el Ministerio de Interior.

En definitiva estamos ante una nueva torpeza política del Ministerio de Interior que bajo la seducción de los titulares de prensa comete una nueva injusticia, promociona el inadmisible mensaje en democracia de que el terrorismo de Estado no es "tan malo", y perpetúa la situación de victimización y sufrimiento de las víctimas.