Gallardón es Fiscal de Carrera y si volviera a su puesto podría ganar dinero público y sería legítimo. Lo que es inaceptable es que por el hecho de haber sido el presidente de una Comunidad Autónoma (no olvidemos que esto no es igual que ser el presidente de un Estado, sino algo de mucho menor rango e importancia) tenga derecho a ganar más de 8.000 euros al mes vitaclicios por pertenecer a una institución, como el Consejo Consultivo, inútil para prestar un servicio a las personas que viven en esta Comunidad. Un puesto, por cierto, en el que también está Leguina, también expresidente.

UPyD ha propuesto eliminar ese Consejo consultivo por considerarlo innecesario y costoso y por ser un instrumento para pagar servicios y favores políticos clientelares. Basta leer sus memorias de actividades para ver que tiene escasas funciones y que estás podría hacerlas en el 95% de los casos una unidad administrativa de la Comunidad y las pocas que no podría resolverlas el Consejo de Estado, como venía haciendo hasta que en el año 2008 (ya en plena crisis) Esperanza Aguirre decidió crearlo. Ella sabrá por qué decidió crear uno más de sus abundantes despilfarros.

En Es un disparate, unos de los gastos políticos que hay que suprimir para destinarlo a contratar profesores y personal sanitario.