Hola, soy Raúl Camargo de Anticapitalistas. El país está atravesando una grave crisis económica y destinar mil millones de euros de presupuesto para comprar armas y gastos militares es un tremendo error. La inflación está desbocada y los precios de energías y alimento cada vez son mayores. Esto da lugar a una situación que genera muchísimo sufrimiento social y, por tanto, es necesario ir preparando esos escenarios destinando esas partidas tan importantes a implantar medidas para luchar contra esta problemática como, por ejemplo, una renta básica ciudadana, ayudas directas a familias de clase trabajadora con unos ingresos determinados o a la búsqueda e implantación de nuevas fuentes de energías que nos permitan solventar el gravísimo problema que se avecina de cara a otoño. 

Son estas iniciativas las que el Gobierno debería impulsar, no el aumento de presupuesto militar, que podría llegar al 2% del PIB. Esta cifra es igual a la que se destina al Ministerio de Trabajo, lo cual es una auténtica barbaridad. No hay que olvidar que España no está en guerra con ningún país y se está dejando de lado la situación económica tan complicada que estamos atravesando. Y aunque no hubiese una crisis, sería innecesario destinar ese presupuesto a gastos militares porque, como hemos dicho, nuestro país no está en guerra. Pero el problema es la nueva doctrina de la OTAN, que insiste en que España se arme para blindar sus fronteras. No es una guerra, pero sí un combate contra todas las personas que quieren acceder a Europa atravesando Marruecos. De ahí viene también ese gasto militar, cuando esta medida es aún más grave porque son atentados contra los derechos humanos, como hemos visto recientemente con el asesinato de 47 personas en la valla de Melilla.

De cara a otoño las previsiones son muy malas, pero pueden ser todavía peores. La Comisión Europea ya está alertando que, si Putin decide cortar el suministro de gas hacia Europa y Alemania, puede tener consecuencias tremendas. Por eso hay una gran necesidad de buscar nuevas fuentes de energía y de prepararse para un otoño duro. Las cosas no están bien y el Gobierno debería estar haciendo previsiones. Pero van en un sentido radicalmente contrario y sin meter mano a las empresas energéticas, que están obteniendo los mayores beneficios de su historia. 

En primer lugar, las instituciones deberían poner a las empresas eléctricas un impuesto casi confiscatorio del 80 o incluso 90%. Y, en segundo lugar, deberían expropiar una, varias o todas esas empresas para ponerlas bajo control público y para poder organizar una previsión del suministro ante el panorama de escasez que se avecina, así como lo han hecho otros países europeos. Por ello quiero dirigirme a los miembros del Congreso de los Diputados. Una eléctrica que únicamente busca su propio beneficio no va a poder hacer una redistribución cuando nos encontremos en un periodo de escasez, pero eso sí puede hacerlo el Estado. Por eso es fundamental poner bajo control democrático y social estos recursos que son imprescindibles para que exista una vida digna en este país.