Es inadmisible que un director de transportes defienda o publicite una empresa privada en decrimento de un servicio público regulado y lo haga público por redes sociales (Twitter).

Tan sólo en la Comunidad de Madrid, 20.000 familias viven directamente del taxi y no es tolerable que un político se ponga de lado de Cabify mostrando intereses oscuros. 

Además se opone a regular una actividad en parte ilícita y sobredimensionada que acarrea la desaparición de un sector público.

¡Dimisión YA!