Estimado Ruben creo que la cuestión que me planteas es una de las retos fundamentales actualmente desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos, en un ámbito en completa expansión como el laboral, ya que la globalización financiera, la acelerada internacionalización de las empresas y la imparable deslocalización productiva, hace que hoy una cuarta parte del PIB del mundo está generado por actividad internacional. Las acciones de la Unión Europea en esta materia han sido hasta ahora claramente deficientes, basando prácticamente toda su actuación en la transnacionalización comunitaria.

Esta globalización es, sin duda, la causa de la emergencia económica de cientos de millones de personas que han pasado de la supervivencia autárquica y medieval, a la economía productiva global del Siglo XXI favoreciendo el desarrollo de regiones con inmensas poblaciones en las que, hasta no hace mucho, simplemente se sobrevivía, pero ello ha llevado consigo situaciones de explotación laboral y de lacras como el trabajo infantil, inasumibles para un Estado Social y de Derecho, como el nuestro, pero  de difícil control al reducirse drásticamente la capacidad de actuar de los gobiernos en casi todos los ámbitos relacionados con los derechos laborales, la prevención de riesgos etc, en los paises de implantación de las empresas españolas.

Al mismo tiempo, y como la otra cara de la moneda, el mundo occidental, especialmente Europa, sufre por esta generalizada deslocalización, basada simplemente en la competitividad salarial, un dumping social que destruye empleo, devalúa sus condiciones laborales y los modelos de protección social.

Controlar los efectos negativos de la globalización, en concreto la explotación laboral hace necesario colocar de forma urgente en la agenda política del mundo y en la conciencia cívica de los ciudadanos y de las empresas cuatro cuestiones esenciales: la fiscalidad internacional, la responsabilidad social de las empresas, la potenciación del papel Internacional de las Organizaciones Sindicales y replantearse el empleo desde el cumplimiento de los Derechos Humanos:

1.- Una política fiscal internacional debe abordar con urgencia el combate a los paraísos fiscales, la coordinación fiscal internacional y la creación de figuras tributarias trasnacionales para abordar estos desafíos globales.

2.-  Impulsar en todas las empresas trasnacionales, la aplicación obligatoria de los principios laborales de OIT, en cualquier parte del mundo, obligando a la formulación de códigos éticos obligatorios.

3.- Potenciar la acción sindical Internacional e incluso las facultades de los sindicatos nacionales sobre las operaciones en el extranjero a través de la consulta y participación

4.- Promover los Derechos Humanos aplicados al empleo. Ahondar en el marco aprobado por Naciones Unidas que establece la obligación de los Estados de ofrecer Protección frente a cualquier vulneración de los Derechos Humanos cometida por las empresas, mediante la ley y la sanción y arbitra mecanismos de reparación de las consecuencias negativas de sus actividades, incluidas las judiciales en los tribunales de origen de las empresas.

La deslocalización y globalización generan espacios propios de indignidad laboral o explotación esclavista, destruyen espacios medioambientales y comunidades locales, someterlas a códigos universales mínimos de dignidad laboral, respeto al medio ambiente y al bien común, es imprescindible adoptar medidas tanto en el ámbito de la cooperación internacional como de implicación de empresas y sindicatos. Nuestras propuestas son:

Promover una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible que incorpore estas cuestiones.

Impulsar el Impuesto de Transacciones Financieras para garantizar que una parte esencial de los recursos sea destinada a la lucha contra la pobreza internacional.

Elaborar un Libro Blanco del Desarrollo- similar al que existe en otros países europeos en el que se consideren otros ámbitos de políticas públicas que sirven para construir la cooperación al desarrollo.

Buscar la mejora del impacto de la inversión extranjera en el desarrollo en materia laboral y medioambiental y establecer estímulos para el correcto comportamiento de las compañías españolas.

Trabajar en el marco de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para que la política comercial no anteponga los intereses comerciales al derecho a la salud.

Potenciar la implicación de los agentes sociales a través de una Ley de participación Institucional en todos los aspectos relacionados con la dignidad del empleo.