Me llamo Rocío, soy de Dos Hermanas (Sevilla) y soy la madre de Valeria, una niña de nueve años que tiene autismo de grado medio. Hace dos años iba a un colegio ordinario, donde había un aula de educación especial. Durante aquella época fuimos viendo que tenía comportamientos que no había tenido nunca: estaba muy nerviosa y se autolesionaba, llegando incluso a morderse las manos.

Además, estas conductas desaparecían el fin de semana. Solo se comportaba así cuando iba al colegio. La situación se agravó cuando sufrió dos ataques epilépticos por los que tuvimos que ingresarla en el hospital. Ante la gravedad de la situación, consultamos con varios médicos, y concluyeron que el estrés había provocado estos ataques. Incluso recomendaron cambiar de centro escolar, ya que parecía que allí se encontraba en una situación fuera de lo normal.

Ante las recomendaciones de los médicos y las sospechas que teníamos, nos reunimos varias veces con las profesoras del colegio, pero ellas siempre dijeron que no veían absolutamente nada raro. Como veíamos que el estado de Valeria no mejoraba, decidimos poner una grabadora en su mochila, para ver cómo estaba allí y qué le ocurría.

Las grabaciones que obtuvimos nos dejaron los pelos de punta: oímos cómo las profesoras gritaban constantemente a Valeria, hablando despectivamente de su trastorno delante de ella, con comentarios como “esta niña tiene el cerebro cascado” o “esta niña es de psicopediátrico”. Durante las seis horas de grabación, también hubo momentos en los que se podía oír cómo la amenazaban con agredirla físicamente e incluso cómo “presuntamente” lo llegaron a hacer.

No dudamos en poner una denuncia tan pronto como oímos las grabaciones, tanto por la vía administrativa como por la penal. Por la administrativa nos prometieron unas medidas cautelares que finalmente no se cumplieron. Las tres profesoras denunciadas, que eran la tutora de mi hija, la logopeda del centro y la monitora del aula, no siguen ejerciendo en el centro porque los padres y madres del colegio se opusieron. De todos modos, fuimos nosotros quienes nos tuvimos que ir, como suele pasar en los casos de acoso, que acaba marchando la víctima.

Actualmente, dos años después de los sucesos, las tres profesoras siguen ejerciendo en otros centros con total impunidad. Por la vía penal, pusimos una denuncia, pero el juez ha decidido archivar el caso.

Es por esto que quiero dirigirme a los miembros del Parlamento de Andalucía, ya que soy de Andalucía y son mis representantes en dicha cámara, para que el caso de mi hija se lleve a un juicio con garantías y no quede archivado.

El abuso de poder que sufrió Valeria es innegable: es una niña con autismo, solo tenía siete años, y fueron tres mujeres adultas que “presuntamente” la maltrataron. Valeria tiene derecho a un juicio justo, no solo para reparar el daño que hemos sufrido, sino también para evitar que otros niños pasen por lo mismo.

#YoSoyValeria