Hola, soy Salva y soy instructor de salvamento acuático y patrón de salvamento en Valencia. Este sector está totalmente abandonado al considerarse que solo trabajamos tres meses al año, por lo que las condiciones cada vez son peores y la cifra de muertos por ahogamiento aumenta. En lo que va de año las víctimas mortales a nivel estatal superan las 300 y a nivel de la Comunidad Valenciana han fallecido 52 personas, lo que nos sitúa como la primera en este triste ranking.

Hay una gran problemática y es que, a nivel nacional, no hay un plan nacional de seguridad y la prevención del ahogamiento. No hay ninguna ley general, por tanto, a nivel de instalaciones acuáticas, las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas, quienes las regulan como mejor les parece y de forma muy desigual. Con respecto a las playas, al ser competencia del Estado, las responsabilidades de seguridad, están transferidas a los Ayuntamientos, por lo que hay un gran descontrol en este sentido.

Hace dos años que el Consell de la Comunidad Valenciana de la mano de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública aprobó el DECRETO 67/2020, de 12 de junio, del Consell, de regulación de la seguridad humana y la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas de la Comunitat Valenciana. Pero es un decreto vació que está a la espera del desarrollo y la aprobación de otros órdenes que le den contenido, como el que cataloga la peligrosidad de las playas o el que regula los parámetros, los recursos humanos… Mientras, en otras comunidades como Baleares, Canarias o Galicia tienen un decreto que engloba y regula todas las necesidades. 

Los socorristas trabajamos bajo un gran vacío normativo teniendo en cuenta que en Comunidades Autónomas como la valenciana no existe una legislación. Sí hay un decreto relacionado con instalaciones y parques acuáticos, pero no hay inspecciones para comprobar que se cumplen las normas desde hace más de 10 años. Tampoco se inspecciona la formación de los socorristas, que en muchas ocasiones incluso están de manera irregular o no tienen la formación suficiente. Tampoco está regulada, por lo que un simple diploma de una formación online es suficiente para poder ejercer, lo cual es escandaloso y pone en peligro a muchas personas.

En cuanto a campañas de prevención de ahogamientos, la Generalitat presentó el 1 de agosto de este año el plan de prevención, cuando ya había pasado medio verano y ya había personas que se habían ahogado. Este tipo de planes es fundamental que se pongan en marcha desde invierno con campañas que enseñen a la gente a bañarse con seguridad o les expliquen el porqué de las normas y restricciones. 

También es importante destacar la connivencia entre administraciones y empresas adjudicatarias de los servicios de playa. El 90% del peso de la decisión de adjudicación recae en el aspecto económico, no en quien ofrece la mejor calidad en el servicio. Esto influye directamente en la cantidad y calidad de los materiales y la falta de los mismos, en que los socorristas deben hacer jornadas fuera de legalidad, en el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales… 

Esta situación de abandonamiento e irregularidades es algo que se conoce, pero parece que debe haber un accidente grave para que desde las administraciones se realicen inspecciones. Por ello quiero dirigirme a los miembros de las Cortes Valencianas. Es necesario que se ponga en marcha una legislación adecuada y un seguimiento e inspección del cumplimiento de la misma. También debe regularse la formación de los socorristas, además de crear un plan autonómico de prevención del ahogamiento.